Entre las tradiciones de los municipios indígenas que forman parte de la Montaña de Guerrero tienen el matrimonio forzado de niñas, práctica que en lo que va de noviembre ha sumado cinco casos.

Recientemente -el 22 de noviembre- el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan atendió el caso de Anayeli, una adolescente de 13 años que fue detenida por negarse a ser casada con un joven de 15 años al que no conocía.

La menor huyó de su casa en la comunidad Joya Real del municipio de Cochoapa el Grande, pero fue localizada con un vecino y detenida.

Un primo de Anayeli había arreglado el matrimonio de esta con un adolescente cuya familia pagaría 200 mil pesos. El dinero lo necesitaba la madre de la niña para pagar deudas por los gastos funerarios de su esposo, quien fue asesinado.

Por incumplir el compromiso de entregar a Anayeli para casarse, también fueron arrestados el tío que supuestamente le aconsejó huir, el primo que arregló la negociación y el hijo del vecino donde la niña se refugió.

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan recibió una denuncia anónima sobre lo ocurrido y acudió a la comunidad Joya Real junto con personal de la Fiscalía de Guerrero y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dialogar con las autoridades indígenas y conseguir la libertad de los implicados.

Anayeli y el hijo de la familia que la refugió en su huida fueron puestos a disposición del DIF de Guerrero para su atención y seguimiento.

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A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos señaló que la precaria situación económica de las familias indígenas impacta negativamente a las menores de edad porque los padres violentan sus derechos por dinero.

Explicó que, si bien el Gobierno de Guerrero anunció una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña y costa Chica, no se tomó en cuenta a las propias indígenas víctimas de agravios.

Agregó que las autoridades federales y estatales no llegan a las localidades indígenas y arremetió contra el hecho de que “todo lo quieren resolver con oficios escritos en español que no se leen porque la mayoría de la población es analfabeta”.

Urgió así a establecer comunicación directa con las familias indígenas en sus lenguas maternas y el despliegue de personal que conozca la cultura y los derechos de los pueblos y, sobre todo, esté dispuesto a atender sus necesidades y a defender los derechos de las niñas.

Hasta la fecha, señalan, no hay un mecanismo sencillo y efectivo que permita a las personas hacer una llamada para pedir auxilio, como sucedió con el caso de Anayeli y hay una gran desatención para los casos de matrimonios forzados, pues prevalece una visión machista en varios funcionarios municipales que llegan a justificar estas acciones ilegales.