La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que levantó una queja para conocer los detalles de lo sucedido este fin de semana en Nuevo León, luego de que la esposa del gobernador de este estado “adoptara” por un fin de semana a un menor de edad con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia.

A través de Twitter, el organismo dio a conocer los detalles sobre su postura respecto a la polémica que gira en torno a Samuel García y su pareja Mariana Rodríguez, por sacar del DIF Capullos a un pequeño que pasó el fin de semana en su casa y fue exhibido en redes sociales.

“La CEDHNL emitió un exhorto al DIF, derivado de la difusión de imágenes y videos de menores de edad que se encuentran ingresados y/o en acogimiento residencial. El escrito, dirigido al director Miguel Ángel Sánchez Rivera señala que el interés superior de la niñez debe ser prioridad para las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos”.

Esto hace referencia a la serie de fotos y videos que tanto Mariana como Samuel publicaron en sus redes sociales, sin resguardar la identidad del bebé.

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La postura agrega que el DIF de Nuevo León debe implementar mecanismos pertinentes para que todas las áreas a su cargo cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores, esto con el fin de prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

“Que se vigilen los procedimientos y formas de intervención de las personas servidoras públicas que atienden a niñas, niños y adolescentes, específicamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, invariablemente observen el marco legal aplicable”.

Asimismo, la CEDHNL indicó que deberían adoptar un programa de capacitación para las personas servidoras públicas que laboran directamente en espacios donde son atendidos los menores de edad, sobre el respeto a los derechos humanos.

Al respecto, la organización Save the Children consideró que la pareja pudo haber cometido el delito de trata de personas luego de exponer la imagen del bebé con fines políticos y mercantiles en sus redes sociales.

El organismo manifestó que el niño fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como: el derecho a la vida privada, derecho a la identidad y derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.

Por lo que exhortó a que el caso sea investigado con la participación de las autoridades federales, “hacemos un llamado al Gobierno y a la sociedad en México a cuestionarnos cómo tratamos a niñas y niños: ¿Estamos pensando en qué es lo mejor para ellas y ellos o perjudicándoles y violando sus derechos más fundamentales? ¿Qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?”.