Sufre Puebla 17 crímenes de odio en últimos cinco años

La entidad poblana registró 17 casos de homicidio por motivo de odio contra personas de la comunidad LGBT+ entre el año 2017 y el 2021, según el estudio sobre Discriminación, Violencia e Ineficiencia Institucional por parte del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Elliacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana.

Es posible que esta cifra sea mayor, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no lleva un correcto levantamiento de datos en este tema, de acuerdo con el informe. 

La FGE tiene registro de un homicidio de odio en 2017, 5 en 2018, cero en 2019, 4 en 2020 y 7 en 2021.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ +, de la FGE, creada en 2020, contabilizó 95 delitos en 2021, de los cuales, estos fueron los de mayor incidencia: 19 por amenazas, 17 por robo, 12 por violencia familiar, 9 por lesiones dolosas, 8 por abuso sexual y 8 por violación. 

Los casos de discriminación van en aumento

El informe también retoma los datos de casos de discriminación recabados por la asociasión civil AMICUS, que por medio de la plataforma Visible, concentra estos reportes de incidentes de violencia o discriminación con el objetivo de visibilizar los retos que tienen estas personas. 

Desde 2017, año en que empezó a operar la plataforma, y hasta principios de marzo de 2022, se tenían registrados 32 reportes de casos de violencia y discriminación en el estado de Puebla. La mayor incidencia ocurrió en 2021, cuando se registraron 12 casos. 

Por otro lado, de las 14 quejas por discriminación interpuestas en la Comisión de Derechos Humanos en Puebla entre 2015 y 2021, ninguna derivo en una recomendación por parte del organismo, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo sólo tener registro de tres quejas relacionadas a la población LGBT+, las cuales concluyeron sólo en orientación a la persona quejosa. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) tiene registro de 16 quejas entre 2015 y 2019. Destaca que la mayoría de ellas (46%) se vinculan con la negativa de prestar servicios a personas por su orientación o identidad de género, como el ingreso a establecimientos como a un hotel, a bares, a un café, a un centro nocturno, a un baño público; en el ámbito laboral (39%), existen tratos discriminatorios y excluyentes, abarcando amenazas de despido o impedimento de acceder libremente al trabajo; mientras que en el ámbito educativo (15%), se describen regaños por muestras de cariños y cambios de adscripción por el hostigamiento a causa de su orientación sexual.

Deficiencias en el manejo de datos sobre crímenes de odio

El documento informó que por medio de diversas solicitudes de información se pidieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) datos estadísticos sobre crímenes de odio y asesinatos de personas trans y de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de 2010 a 2021. 

Sin embargo, las respuestas proporcionadas demuestran deficiencias en el manejo de estos datos por parte del organismo estatal.

La primera solicitud fue presentada en enero de 2021. En ella se pedía un reporte estadístico de asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ por motivos presuntamente relacionados a su orientación sexual o a la identidad y expresión de género, registrados en el estado de Puebla de enero de 2010 a diciembre de 2020, detallando fecha del caso, ubicación y que se precisara si la víctima era una persona trans.

El 22 de febrero de 2021 se proporcionó una tabla en la que se reportaban sólo dos casos registrados en 2020, sin dar las fechas concretas de los hechos y sin brindar información de los años previos. 

Los datos generales proporcionados indican que un caso se dio en San Martín Texmelucan y uno en Puebla capital, y que los cuerpos fueron encontrados uno en domicilio y otro en hotel, sin que en ninguno de los dos casos se hubiera identificado al agresor. Sin embargo, aunque se pidió que se especificará si la víctima había sido hombre trans o mujer trans, en el reporte solo se indicó que ambas eran hombres.

Tuvieron que realizar más solicitudes e incluso interponer recursos de revisión frente al INAI para obtener los datos que presentaron al final, los cuales muestran también inconsistencias en la manera que la Fiscalía registra los casos pero también en deficiencias en cómo los atiende o investiga.