La organización ARTICLE 19 registró 51 casos de acoso judicial en México durante el primer semestre de 2025. Veracruz encabezó la lista con 10 casos, seguido de la Ciudad de México (9), Jalisco (6), y Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres cada uno. Otros estados como Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas sumaron dos casos respectivamente, mientras que Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán registraron uno. El informe detalla que los procesos judiciales contra periodistas son principalmente en materia electoral (26 casos), seguidos de los penales (14) y los civiles (11). En cuanto al perfil de las víctimas, se contabilizan 28 hombres, 11 mujeres periodistas y 12 medios de comunicación que recibieron notificaciones legales en su contra. Entre enero y julio de este año, tres periodistas en Puebla fueron víctimas de acoso judicial, de acuerdo con el más reciente informe de ARTICLE 19 México y Centroamérica. Aunque ARTICLE 19 no profundizó en los detalles de los tres casos ocurridos en Puebla, sí advirtió que la entidad forma parte del grupo de estados donde se recurre al litigio judicial como mecanismo de hostigamiento contra la prensa. Asimismo, la organización señaló que el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG) se ha convertido en el principal instrumento jurídico de censura, al inhibir el debate público y eliminar publicaciones críticas hacia personas en el poder. Te puede interesar: Bombardeo telefónico y amenazas grabadas, otra modalidad de acoso contra periodistas Como ejemplo, el reporte retomó el caso de la periodista independiente Ruby Soriano, de Puebla, quien a través de su cuenta de X, cuestionó la trayectoria política y las múltiples alianzas partidistas de la diputada Graciela Palomares, acción que le valió la imposición de una medida cautelar por parte del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE) para eliminar la publicación. La periodista poblana fue citada a un desahogo de pruebas y alegatos el 8 de marzo; posteriormente, el propio Instituto reconoció que su publicación no constituía violencia política contra las mujeres en razón de género (VPEG), pero argumentó que algunos comentarios de usuarios sí lo hacían, atribuyéndole a Soriano responsabilidad por expresiones de terceros. En Puebla, otra de las amenazas al ejercicio periodístico es la llamada ley de ciberasedio aprobada en 2022 y presentada originalmente como una herramienta para proteger a mujeres de la violencia digital; sin embargo, organizaciones de periodistas y colectivos de derechos humanos señalaron que su redacción ambigua abre la puerta a que cualquier crítica en redes sociales, investigaciones periodísticas o publicaciones incómodas para funcionarios públicos sean consideradas como “hostigamiento digital”. Esto, señalan, convierte a la norma en un mecanismo de censura que limita el ejercicio del periodismo crítico y de investigación. Finalmente, la organización alertó que, en 2025, se observa una persecución judicial más enérgica que en años anteriores, lo cual, advirtió, exige una revisión de los marcos normativos para evitar que las leyes sean utilizadas como un nuevo método de censura que atente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. |