El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expuso diversos pendientes en las políticas de búsqueda y actuación institucional relacionados con el caso del catedrático de la Ibero Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrientos. Entre los principales señalamientos, el organismo destacó que la Guardia Nacional continúa sin cumplir con el Registro Nacional de Detenciones, a pesar de que este mecanismo es obligatorio conforme a la ley y busca prevenir detenciones arbitrarias, incomunicación y violaciones a derechos humanos. Asimismo, el Centro Prodh señaló la falta de coordinación entre las instituciones de búsqueda e investigación, lo que dificulta la activación inmediata de acciones en las primeras horas tras un reporte de desaparición, consideradas clave para la localización de personas. Otro de los puntos evidenciados fue la existencia de obstáculos para que las familias de personas en movilidad o migrantes puedan interponer denuncias por desaparición en México, debido a la complejidad institucional y a la falta de mecanismos accesibles para estos casos. El organismo de derechos humanos indicó que el caso de Leonardo Escobar se inscribe en un contexto nacional marcado por la crisis de personas desaparecidas, que supera las 133 mil personas no localizadas, y subrayó la necesidad de fortalecer los controles sobre las fuerzas de seguridad, así como los mecanismos de búsqueda y atención a familiares. Te puede interesar: 14 días sin Leonardo: una historia de abuso y desamparo en manos de la Guardia Nacional A inicios de este año, la desaparición del doctor Leonardo Ariel Escobar Barrientos, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, generó movilización de la comunidad universitaria, organizaciones civiles y familiares, hasta su localización con vida el 16 de enero, cuando logró reunirse con su familia. De acuerdo con el testimonio rendido por el propio académico en conferencia de prensa, Escobar Barrientos fue detenido por elementos de la Guardia Nacional tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde realizaba una escala hacia la Ciudad de México. Señaló que fue trasladado al municipio de Apodaca, donde permaneció privado de la libertad durante aproximadamente 36 horas. Posteriormente, indicó que fue liberado sin sus pertenencias, inadmitido por el aeropuerto y quedó en situación de calle, hasta que fue llevado a una clínica de rehabilitación, desde donde se logró su localización. El Centro Prodh reiteró que la visibilización pública, la actuación inmediata de las autoridades y la coordinación interinstitucional son elementos fundamentales para la localización de personas desaparecidas, particularmente aquellas en situación de movilidad.
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