En el marco del Día del Ejército Mexicano, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha estado acompañada históricamente por denuncias por violaciones a los derechos humanos, entre ellas tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concentra el mayor número de quejas entre las instituciones federales de seguridad. En 2025 se registraron 908 expedientes de queja relacionados con fuerzas armadas. Durante ese año, la CNDH emitió diversas recomendaciones por violaciones graves. En abril de 2025, documentó un caso en Sonora relacionado con la detención indebida y agresiones contra una persona por parte de elementos del Ejército. En diciembre del mismo año, emitió la Recomendación 201VG/2025 por la ejecución arbitraria de dos niñas en Sinaloa, atribuida a personal militar. Asimismo, la Recomendación 183VG/2025 abordó hechos de tortura y violencia sexual señalados a elementos de la Sedena. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso de Ernestina Ascencio, mujer indígena que fue víctima de violación y tortura por elementos del Ejército en 2007, hechos que derivaron en su fallecimiento. Tras la sentencia, el Gobierno de México aceptó el fallo del tribunal y se comprometió a cumplir con las obligaciones establecidas, entre ellas medidas de reparación integral a las víctimas, así como acciones para garantizar la no repetición. De manera paralela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos relacionados con la actuación de fuerzas armadas en México y han emitido observaciones sobre el uso de personal militar en tareas de seguridad pública. Te puede interesar: Sedena niega agresiones a académico de la Ibero; GN acumula quejas por abusos Caso de Leonardo Ariel Escobar en PueblaComo antecedente reciente, el caso del académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, Leonardo Ariel Escobar, colocó nuevamente en la discusión pública los procedimientos de la Guardia Nacional. El catedrático fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional del Norte, en Nuevo León. Tras su detención, se señaló que elementos de la Guardia Nacional lo habrían retenido y golpeado, presuntamente causándole fracturas en tres costillas, además de mantenerlo incomunicado. Posteriormente, fue reportado como desaparecido entre el 2 y el 16 de enero. La Secretaría de la Defensa Nacional negó que sus elementos hubieran agredido al académico y sostuvo que la intervención se realizó a solicitud del Instituto Nacional de Migración por una presunta alteración del orden público. Informó que fue liberado tras 36 horas por una falta administrativa y que un examen del Servicio Médico Forense no detectó lesiones óseas, de acuerdo con la versión oficial. El caso se suma a los registros y resoluciones que forman parte del debate sobre la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
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