Más de 41 colectivos de víctimas, 170 familiares de personas desaparecidas y 45 organizaciones civiles solicitaron al secretario general de la ONU, António Guterres, una actuación urgente ante la crisis de desapariciones forzadas en México, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activara por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El pronunciamiento, difundido por Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señala que la decisión del comité de la ONU, notificada el pasado 2 de abril, considera que existen indicios de que las desapariciones forzadas en el país ocurren de manera generalizada o sistemática, en un contexto que podría configurar crímenes de lesa humanidad. Las organizaciones afirmaron que esta medida representa una posibilidad para avanzar en la localización de las más de 132 mil personas desaparecidas y en la identificación de más de 70 mil restos humanos pendientes en el país. También exigieron que el caso sea remitido con rapidez a la Asamblea General de la ONU, que exista transparencia sobre el procedimiento y que las víctimas participen de forma directa en el proceso internacional. Te puede interesar: CIDH documenta fallas graves en materia de búsqueda de personas en Puebla En el comunicado, los colectivos advirtieron que la demora institucional prolonga el impacto sobre madres y familiares que continúan la búsqueda de sus seres queridos. Entre los firmantes aparecen agrupaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Buscadoras de Zacatecas y colectivos de búsqueda de distintas entidades del país. La petición se suma a pronunciamientos previos de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que han solicitado mayor cooperación internacional en tareas de búsqueda, identificación forense e investigación de redes vinculadas con desapariciones. 
Los colectivos señalaron que la activación del Artículo 34 marca un precedente sin antecedentes dentro de la convención internacional y podría colocar la situación de México en una discusión formal ante la Asamblea General de la ONU, lo que abriría la puerta a mecanismos de seguimiento y presión internacional sobre el Estado mexicano. Las organizaciones concluyeron con un llamado a que la comunidad internacional acompañe a las familias de personas desaparecidas y contribuya con asistencia técnica, recursos especializados y acciones coordinadas para enfrentar una crisis que, afirmaron, continúa creciendo en distintas regiones del país. |