Hace más de 12 años, el enfermero Fernando Juárez Morales fue acusado falsamente de cohecho, usurpación de funciones, encabezar un grupo delictivo, poseer un vehículo con reporte de robo y otros ilícitos. Aunque en su momento él argumentó que estaba siendo víctima de una extorsión, tortura y fabricación de delitos por parte de policías municipales, autoridades le negaron la realización de pruebas periciales para acreditar su inocencia. En tanto, servidores públicos que trabajaban en ese momento en la agencia 7 del Ministerio Público especializada en la investigación de robo de vehículo realizaron un cateo en su domicilio, presuntamente ilegal, sin embargo, ellos lo justificaron como una "inspección ocular". 
De esos servidores, cinco fueron citados este 19 de mayo de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Puebla para la celebración de una audiencia inicial de imputación en su contra por los ilícitos de abuso de autoridad y de robo. Se trata de José Martín Nicolás Flores Figueroa, José Alfredo Reyes Tecuatl, José Díaz Espinoza, José Benigno García Ferrer y Lilia Meneses Romero, quienes actualmente siguen en activo en distintas dependencias, entre ellas, la Fiscalía local, la Agencia estatal de Investigación y el Instituto de Ciencias Forenses. No obstante, la audiencia inicial de imputación programada para las 12 horas de este martes se difirió hasta el próximo 2 de junio, a las 10 de la mañana, mencionó Juárez Morales a esta casa editorial. En entrevista, Fernando acusó que el aplazamiento en cuestión es supuestamente una estrategia dolosa por parte de la defensoría pública para encubrir a los servidores públicos aludidos. Abundó que el Ministerio Público les dio en tiempo y forma una copia certificada digital de la audiencia y del expediente, pero la defensa legal de los funcionarios exigió una copia impresa para el cotejo correspondiente. Juárez Morales también acusó omisiones por parte del Consejo de la Judicatura y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, pues le habían prometido dar acompañamiento en su proceso, pero ningún representante de esos entes acudieron este 19 de mayo al Centro de Justicia Penal estatal. Te puede interesar: A 24 años, exigen justicia por fabricación de culpables en ‘Caso Tlaxcala’ iniciado en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya El ciudadano, que ya fue reconocido por las instancias correspondientes como víctima de un "error judicial", abundó que su caso fue notificado al titular del ejecutivo estatal y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, pero no ha obtenido una respuesta al respecto. Contexto Fue el 6 de agosto de 2013 cuando Juárez Morales fue arrestado luego de caer en una extorsión por parte de policías municipales, quienes le pidieron una fuerte cantidad de dinero por liberar a tres conocidos suyos. Al ir a su casa por el monto que le habían exigido, uno de los elementos de seguridad lo siguió, lo despojó de sus ahorros y, posteriormente, lo incriminó junto con sus conocidos. A partir de ese momento, comenzó el calvario judicial de Juárez Morales, pues autoridades lo condenaron a 18 años de prisión por el delito de robo de vehículo 18 años; a 125 años por el supuesto uso indebido de condecoraciones y uniformes, a tres por cohecho y a cuatro por otro robo de vehículo. Asimismo, fue trasladado a diversos penales como el de San Miguel en Puebla, el de Tepexi de Rodríguez, el Cefereso número 5 de Veracruz y, finalmente, el penal del Altiplano. Sabedor de su inocencia, Juárez Morales estudió Derecho en su encierro para defenderse, logrando ser absuelto en 2023 de cada una de las causas penales que le adjudicaron. Es decir, tuvieron que pasar más de nueve años para dejar la prisión y ahora lucha porque el estado y las autoridades que lo acusaron injustamente reparen los daños causados hacia su persona. Cabe agregar que, a finales de abril de este 2026, un juez federal concedió a Juárez Morales la reapertura de un proceso penal contra los cinco exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado ya mencionados al principio de este texto, acusados de presunto robo y abuso de autoridad cometidos en 2013. La audiencia inicial de imputación de este nuevo proceso penal está encabezada por la jueza Laura Tlatelpa Ramos. |