Víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos exigieron justicia por el denominado “Caso Tlaxcala”, en el que seis hombres fueron detenidos de manera arbitraria y sometidos a tortura en 2002, hechos que, a casi 24 años, mantienen a tres personas aún privadas de la libertad. De acuerdo con un pronunciamiento de la Organización Mundial Contra la Tortura, el caso se ha convertido en un referente de violaciones al debido proceso, fabricación de pruebas y falta de acceso a la verdad, derivado de actuaciones de autoridades estatales. Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2002, durante el sexenio del entonces gobernador perredista Alfonso Sánchez Anaya, cuando Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra y José María Cirilo Ramos Tenorio fueron detenidos fuera de su jurisdicción y sin órdenes de aprehensión. 
Durante su detención y traslado, fueron sometidos a tortura física y psicológica con el objetivo de obligarlos a autoinculparse por delitos de secuestro, tras lo cual fueron presentados públicamente como integrantes de una supuesta banda criminal, mientras se integraban pruebas en su contra. Pese a las denuncias iniciales por detención arbitraria, incomunicación y tortura, las autoridades ministeriales y judiciales no investigaron estos hechos, lo que derivó en que, en 2008, los seis detenidos fueran sentenciados a 77 años de prisión con base en pruebas obtenidas bajo estas condiciones. Las consecuencias del caso se han prolongado por más de dos décadas. José María Cirilo Ramos Tenorio falleció en 2013 por secuelas de la tortura; Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra fue liberado y posteriormente salió del país tras recibir amenazas; Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra recuperó su libertad en 2016 después de 15 años en prisión. En tanto, Sergio Rodríguez Rosas, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Jorge Hernández Mora permanecen encarcelados, próximos a cumplir 24 años en prisión preventiva oficiosa. Te puede interesar: Fiscalía de Tlaxcala: 4 años de impunidad e injusticia El pronunciamiento de la organización advirtió que las investigaciones por tortura han sido obstaculizadas, mientras que actualmente existe un recurso de revisión (96/2025) en un Tribunal Colegiado. También se señaló que autoridades han intentado reclasificar el delito de tortura como abuso de autoridad, lo que permitiría su prescripción. En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que la privación de la libertad fue arbitraria y solicitó la liberación inmediata de las personas que continúan en prisión. El caso también fue analizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que prevé emitir una resolución. Las víctimas, sus familias y organizaciones exigieron la libertad inmediata de las personas aún encarceladas, el reconocimiento de la tortura, el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la reparación integral del daño.
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