De 2021 a 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), encabezada por Ernestina Carro Roldán, fue señalada en distintos procedimientos por la utilización de pruebas que fueron cuestionadas por Tribunales Federales. En este periodo, cuatro casos se resolvieron en instancias federales, en favor de los acusados; Keren, Pedro Francisco, Edson y los Tiaxcas de Tlalcuapan, Raymundo y Saúl. Estos casos, de acuerdo a las partes defensoras de los acusados, exhiben un patrón de corrupción, ineficiencia y abuso dentro de la Fiscalía, todo ello durante el gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros. Aunque las detenciones se realizaron bajo el perfil de Procuraduría, los procesos y liberaciones ocurrieron ya con la transformación a Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), con Carro Roldán al frente, sobre quien pesan acusaciones e incluso una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un caso de tortura registrado en abril de 2022, en el que una persona murió bajo custodia. El caso de Keren: tortura y una condena de 50 años El 11 de diciembre de 2015, Keren Ordoñez, una joven veracruzana de 19 años, recién dada a luz, fue detenida con violencia en un operativo conjunto entre ministeriales de Tlaxcala y la entonces Policía Federal. La joven fue sometida a golpes, asfixia y tortura psicológica. Su hija recién nacida le fue arrebatada para presionarla a confesar un secuestro que no cometió. Sin acceso inmediato a un abogado ni comunicación con su familia, fue trasladada a Tlaxcala. En 2019 fue condenada a 50 años de prisión. Dos años después obtuvo un amparo que obligaba a reponer el proceso; sin embargo, la entonces PGJE simuló la revisión y volvió a condenarla en 2024. Tras nueve años recluida, el 16 de abril de 2025 un proyecto de la entonces magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas logró la absolución de Keren, quien salió libre gracias a la presión de colectivos y organizaciones de derechos humanos. Te puede interesar: Acusan a la Procuraduría del Medio Ambiente de Tlaxcala de encubrir contaminación en Ixtacuixtla Pedro Francisco: detenido por llamarse igual El 5 de septiembre de 2022, Pedro Francisco N., trabajador de una funeraria en Guanajuato, fue arrestado sin orden judicial. Su único “delito”: compartir el nombre con un presunto homicida en Huamantla. Durante dos años estuvo preso en el CERESO de Apizaco, mientras su defensa aportaba pruebas contundentes de que al momento del crimen estaba en León, Guanajuato, trabajando. Un tribunal declaró nulo su juicio en junio de 2024, y el 11 de septiembre fue liberado. Su caso le valió el mote de “El inocente de Guanajuato”. El caso de Edson En enero de 2022, la PGJE detuvo a Edson N., como presunto responsable del homicidio del exdiputado Omar Milton N., ocurrido en San Esteban Tizatlán. Durante más de dos años permaneció en prisión preventiva. En 2024, denunció un intento de apuñalamiento dentro del penal como presión para aceptar cargos que rechazaba. El 24 de septiembre de 2024, jueces lo absolvieron por falta de pruebas. Sin embargo, apenas cinco meses antes, un proyecto del magistrado Pedro Sánchez Ortega en el TSJE anuló esa resolución, ordenando reabrir el caso. A la fecha, no existe claridad sobre su situación jurídica ni garantía de que no vuelva a ser detenido. Los Tiaxcas de Tlalcuapan El 14 de julio de 2022, Raymundo y Saúl, de San Pedro Tlalcuapan, fueron detenidos acusados del linchamiento de un presunto ladrón ocurrido en Semana Santa. La detención de Saúl, presidente de la comunidad, desató protestas que fueron contenidas con fuerzas estatales. Dentro de la Procuraduría, Raymundo fue detenido de manera irregular, pese a encontrarse acreditada su inocencia. Raymundo fue liberado en marzo de 2024 tras un año y siete meses preso. Saúl, en cambio, permaneció en el CERESO de Tlaxcala hasta el pasado 4 de septiembre de 2025, cuando un tribunal federal dictó sentencia absolutoria. Durante su encarcelamiento, la comunidad y organizaciones sociales, entre ellas el Centro Fray Julian Garces y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, denunciaron que Saúl era un preso político, víctima de un proceso manipulado para castigar su liderazgo comunitario en defensa de la montaña Malintzi. “Don Saúl fue criminalizado como parte de una estrategia para desarticular la defensa del territorio. Llama la atención por la imposición del Ecoparque Malinche como otro proyecto ecocida más”, se lee en un comunicado publicado por la Asamblea, el pasado 1 de septiembre. Según el Observatorio contra la Tortura (2023), Tlaxcala registró 35 casos de tortura, de los cuales 33 fueron confirmados judicialmente como pruebas obtenidas bajo tormento. Las liberaciones de Keren, Pedro Francisco, Edson y los Tiaxcas no significaron justicia plena. Todos ellos enfrentan hoy las secuelas emocionales, económicas y sociales de haber sido etiquetados como delincuentes, además de años perdidos en prisión. De acuerdo a colectivos como la Organizacion Mundial Contra la Tortura (OMCT), la cadena de responsabilidades es amplia, desde policías que torturan, ministerios públicos que encubren, jueces que condenan sin pruebas, autoridades penitenciarias que violentan y gobiernos en los que la corrupción continua arraigada. Si bien las cuatro personas mencionadas lograron obtener su libertad, sus expedientes muestran la recurrencia de procesos prolongados, acusaciones desestimadas en tribunales y señalamientos de violaciones a derechos humanos. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha sido sancionada por estas detenciones ni se han establecido mecanismos de reparación integral del daño.
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