Viernes 05 Septiembre 2025

El Movimiento Social por la Tierra (MST) acusó a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) de solapar la operación de una empresa que emite altas cantidades de contaminantes en la comunidad de San Antonio Atotonilco, municipio de Ixtacuixtla.

De acuerdo con la organización, el titular de la PROPAET, Iván García Juárez, incurrió en prácticas irregulares y posibles actos de corrupción al permitir el funcionamiento de la planta que produce láminas de plastiteja a base de derivados del petróleo.

La organización documentó que los habitantes cercanos a la fábrica presentan síntomas como vómito, dolores de cabeza y diarrea, mientras que pacientes con tratamientos de hemodiálisis se encuentran entre los más afectados por la presencia de contaminantes como dióxido de carbono (CO2), metano y etileno.

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El MST advirtió que durante el proceso de fundición de este material se generan dioxinas, furanos y fluorocarbonos, sustancias tóxicas que se acumulan en el organismo y representan una amenaza directa para la salud pública y el medio ambiente. Además, señaló que los gases emitidos a la atmósfera agravan la crisis climática por los métodos de producción empleados.

La agrupación adelantó que solicitará al Congreso del Estado la comparecencia del titular de la PROPAET para que explique las omisiones y presuntas irregularidades en la aplicación de la normativa ambiental, al considerar que la dependencia está actuando con negligencia y opacidad en perjuicio de la población

Ante esta situación, el MST hizo un enérgico llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para intervenir de manera urgente, pues recordaron que San Antonio Atotonilco pertenece a la cuenca del río Atoyac, incluida en el programa federal de saneamiento impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la mañanera del pasado 4 de septiembre, anunció acciones para la limpieza del afluente, considerado uno de los más contaminados de México. 

Entre estas acciones, dijo la mandataria federal, se incluyen plantas de tratamiento, drenajes marginales y acuerdos con las empresas para que sigan produciendo, pero sin contaminar el río.