La tortura continúa como una práctica marcada por la impunidad y las denuncias contra fuerzas de seguridad en México. Entre enero y abril de 2026, el Estado mexicano reconoció oficialmente a mil 85 víctimas de tortura, cifra que representa casi la mitad de las 2 mil 215 víctimas registradas durante todo 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Especialistas y organizaciones civiles advierten que el problema podría ser aún mayor debido a la llamada “cifra negra”, ya que numerosos casos no son denunciados, se clasifican bajo otros delitos o no llegan a judicializarse. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), entre 2018 y 2025 se acumularon 32 mil 999 víctimas en expedientes abiertos por tortura y tratos crueles, además de 25 mil 803 investigaciones iniciadas en todo el país. Los estados con mayor incidencia son Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chihuahua. 
En el ámbito nacional, las corporaciones más señaladas como presuntas responsables son la Policía Ministerial, las corporaciones estatales de seguridad pública y las policías municipales, situación que, según especialistas, deteriora la confianza ciudadana y provoca temor a denunciar, pues las víctimas deben acudir ante las mismas instituciones señaladas por los abusos. Te puede interesar: A 20 años de Atenco, CIDH exhibe omisión de México en reparación a víctimas de tortura sexual Puebla: miles de denuncias y pocas condenasEn Puebla, entre enero de 2018 y finales de 2025 se contabilizaron 2 mil 675 denuncias de tortura; sin embargo, únicamente se dictaron siete sentencias condenatorias firmes, reflejando una baja efectividad judicial frente a este delito. Prácticamente la totalidad de estas agresiones habrían sido infligidas, alentadas o toleradas por autoridades policiacas y de procuración de justicia estatales y municipales. Entre los casos recientes destaca el ocurrido en Los Reyes de Juárez, donde el expolicía municipal Daniel “N” fue vinculado a proceso el 30 de abril de 2026 por presuntamente detener ilegalmente y torturar a un ciudadano para obligarlo a incriminarse en una investigación penal. 
Otro caso ocurrió en la capital poblana, donde un Tribunal de Alzada ratificó una condena de 11 años y tres meses de prisión contra policías estatales acusados de asfixiar con bolsas de plástico, aplicar descargas eléctricas y fracturar la clavícula de una víctima durante un interrogatorio relacionado con robos en Angelópolis y La Calera. La entidad también mantiene abierto el caso del exgobernador poblano Mario Marín Torres, procesado por su presunta participación intelectual en la tortura y detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho. |