En el marco de la conmemoración del Día del Padre, hombres buscadores de diversas regiones del país se reunieron para visibilizar su participación activa en la localización de personas desaparecidas, una labor históricamente encabezada por mujeres, y reflexionar sobre los impactos psicosociales y de género que transforman sus vidas a raíz de la violencia y la ausencia. De acuerdo con el análisis Impactos psicosociales y labores de cuidados en hombres buscadores, este sector representa entre el 10 % y el 15 % de las personas dedicadas a la exploración en campo. A través de testimonios, los activistas expusieron que la búsqueda está atravesada por el miedo, la culpa, el desgaste físico y la precariedad económica; sin embargo, señalaron que estas tensiones emocionales suelen silenciarse debido a los mandatos tradicionales de masculinidad que asocian la fortaleza con la negación del dolor. 
Los participantes cuestionaron el estereotipo de que las tareas de acompañamiento y protección pertenecen exclusivamente al ámbito femenino, evidenciando que los padres y familiares sostienen tiempos, recursos y vínculos afectivos, convirtiendo el cuidado en una práctica colectiva y política. No obstante, recalcaron que su principal rol actual es brindar soporte a las madres de las víctimas, a quienes reconocieron como la columna vertebral de las movilizaciones y del cambio histórico ante la crisis de desapariciones en el país. Te puede interesar: Zona centro acumula más de 3 mil adolescentes desaparecidos; Puebla ocupa el tercer lugar El panorama de riesgo para los hombres que asumen estas tareas se mantiene crítico. Datos difundidos en redes sociales por la Fundación para la Justicia (FJEDD) detallaron que en el periodo comprendido entre 2010 y 2025 se registraron los asesinatos de 11 buscadores y la desaparición de cuatro más. Del total de este grupo de víctimas, el 73 % eran padres de las personas desaparecidas, mientras que el 27 % restante correspondía a hermanos o hijos. 
Finalmente, el reporte de la organización civil identificó una concentración geográfica de agresiones contra este sector, ubicando a Guanajuato como la entidad con la mayor incidencia al registrar cuatro casos, seguida por Veracruz con tres acontecimientos y Guerrero con dos registros. Ante este escenario, los colectivos urgieron el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que reconozcan a los buscadores como sujetos de derecho y garanticen esquemas institucionales de protección efectiva. |