En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, colectivos, sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones civiles realizaron una marcha y protesta en la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica recurrente en México y exigir al Gobierno federal medidas efectivas para erradicarla, garantizar justicia y reparar integralmente a las víctimas. A la movilización acudieron personas provenientes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo, quienes sostuvieron que, a casi una década de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, los avances institucionales siguen siendo insuficientes y persisten obstáculos para investigar y sancionar este delito. 
Durante el acto público, los manifestantes denunciaron que las fiscalías especializadas carecen de autonomía, recursos y capacidad operativa, mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no actúa con la independencia necesaria. Asimismo, señalaron que el Protocolo de Estambul, herramienta internacional para documentar casos de tortura, ha sido utilizado de manera inadecuada, lo que, afirmaron, dificulta el acceso a la verdad y la justicia. Te puede interesar: México con 1,085 víctimas de tortura en 2026; Puebla acumula más de 2 mil denuncias Las organizaciones participantes también acusaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene prácticas que revictimizan a quienes buscan reparación del daño, obligándolos en diversos casos a recurrir a procesos legales para acceder a sus derechos. Los colectivos advirtieron que la tortura continúa registrándose en distintos contextos, incluidos operativos de seguridad, centros de detención, protestas sociales, estaciones migratorias e instituciones de salud mental y de rehabilitación por consumo de sustancias. Como parte de sus exigencias, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum reconocer la persistencia de esta problemática e implementar una política integral para su prevención y erradicación. También demandaron el reconocimiento pleno de las víctimas y sus familias como actores centrales en el diseño de políticas públicas, la eliminación del arraigo, de la prisión preventiva oficiosa y de las detenciones arbitrarias, la conclusión y aplicación efectiva del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como investigaciones independientes y sanciones contra todos los responsables de estos hechos.
|