A 24 años de las detenciones, organizaciones de derechos humanos exigieron la liberación inmediata de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas, quienes permanecen en prisión por un proceso penal cuestionado por denuncias de detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso. El caso se remonta al 13 de agosto de 2002, durante la administración del entonces gobernador Alfonso Sánchez Anaya, recientemente fallecido. Ese día, seis personas fueron detenidas por autoridades de Tlaxcala fuera de su jurisdicción y sin órdenes de aprehensión, según las organizaciones firmantes. 
Las víctimas denunciaron haber sido sometidas a tortura física y psicológica durante la detención, el traslado y su ingreso a la entonces Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, con el propósito de obtener declaraciones autoincriminatorias. Posteriormente fueron presentadas como integrantes de una supuesta banda criminal. En 2008, Jorge, Mario y Sergio recibieron una sentencia de 77 años de prisión. Con el paso del tiempo, José María Cirilo Ramos Tenorio falleció en 2013; Hugo Rodríguez Salvatierra fue liberado por falta de pruebas y Oswaldo Rodríguez Salvatierra recuperó su libertad en 2016, tras pasar 15 años encarcelado. Te puede interesar: A 24 años, exigen justicia por fabricación de culpables en ‘Caso Tlaxcala’ iniciado en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya Las organizaciones señalaron que actualmente existe un proceso penal contra agentes aprehensores por los hechos de tortura, y uno de ellos se encuentra detenido. Además, recordaron que en 2023 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, mediante la Opinión 32/2023, determinó que la privación de la libertad era arbitraria y solicitó al Estado mexicano la liberación de quienes permanecían presos. Asimismo, colectivos como la Organización Mundial Contra la Tortura, Fundar, Documenta, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señalaron que, ante las denuncias de tortura y las investigaciones existentes sobre los agentes aprehensores, corresponde al tribunal valorar la ilicitud de las pruebas obtenidas mediante estos hechos y determinar la situación jurídica de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas, quienes permanecen privados de la libertad desde 2002.
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