Amnistía Internacional cuestionó el nuevo informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y advirtió que la investigación corre el riesgo de regresar a una narrativa centrada en actores locales, mientras permanecen pendientes líneas relacionadas con la posible participación de autoridades federales, Fuerzas Armadas y policías. La organización señaló que cualquier nueva hipótesis presentada por el Estado mexicano debe contrastarse con las investigaciones que permanecen abiertas y no utilizarse para desplazar las líneas relacionadas con la cadena de mando político, la actuación de órganos de seguridad y la posible responsabilidad de agentes de procuración de justicia. El posicionamiento fue emitido después del informe presentado el 28 de septiembre en la Secretaría de Gobernación, en el que las autoridades dieron a conocer avances que incluyen análisis de comunicaciones telefónicas, diligencias en distintos puntos y la identificación de nuevas personas de interés. Para Amnistía Internacional, la apertura de nuevas líneas no debe significar el cierre u omisión de las investigaciones pendientes. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización en México, sostuvo que el Estado debe esclarecer de manera integral las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Entre esa información se encuentran 853 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, correspondientes a información de 2014. Amnistía Internacional respaldó la exigencia de las familias para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue esos documentos, cuya entrega también ha sido requerida mediante una resolución judicial. Te puede interesar: A 12 años de Ayotzinapa, investigación científica apunta a red de funerarias y 17 implicados más La organización sostuvo que si la nueva etapa de la investigación pretende apoyarse en evidencia científica y verificable, el acceso a toda la información disponible debe ser una condición básica. “Ninguna institución del Estado puede quedar fuera de ese estándar”, afirmó Olivares Ferreto. Anteriormente, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 1350/2023, ordenó la entrega de información relacionada con los 853 folios que las familias y organismos que han acompañado el caso han solicitado durante años. Amnistía Internacional también recordó que las investigaciones realizadas con participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) documentaron irregularidades y dejaron planteadas líneas que, a juicio de la organización, deben mantenerse abiertas. 
Entre ellas se encuentra la investigación sobre la participación de agentes de las Fuerzas Armadas y de las policías estatal y municipal, así como la posible responsabilidad a distintos niveles de la cadena de mando y sus posibles vínculos con grupos criminales que operaban en Guerrero durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. El planteamiento de Amnistía Internacional también retomó que el esclarecimiento no puede limitarse a determinar la responsabilidad de autoridades y actores locales, sino que debe establecer qué ocurrió con la posible participación, conocimiento, actuación u omisión de agentes estatales de distintos niveles.
La organización recordó además que, a 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes, sus familias continúan sin conocer qué ocurrió con ellos. Amnistía Internacional sostuvo que deben recibir información sustantiva sobre la investigación por los canales institucionales correspondientes y antes de que ésta sea comunicada públicamente a otros actores.
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