El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027) privilegia los recursos destinados al control migratorio frente a los programas de protección a personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes en movilidad, así como a mexicanos en el extranjero, advirtieron organizaciones civiles que exigen al Congreso modificar la propuesta económica y frenar el encarecimiento de los documentos migratorios. El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Kids in Need of Defense (KIND) y más de 20 organizaciones alertaron que el proyecto presupuestal y la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos mantienen un modelo centrado en la contención, con riesgos de profundizar la exclusión y la irregularidad migratoria. Puntualizaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) concentraría 2 mil 423.5 millones de pesos, equivalentes a 72.7% del presupuesto migratorio, con un incremento de 19.4%. De acuerdo con el análisis, una parte importante se destinaría al mantenimiento de estaciones migratorias y al traslado terrestre de personas extranjeras hacia el sur del país. https://twitter.com/IMUMIDF/status/2108257568623665647?s=20 En tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) dispondría de apenas 117.6 millones de pesos, un aumento de 4.1%, destinado principalmente a gastos de operación, sin recursos suficientes para ampliar su personal de atención. Las organizaciones advirtieron que la dependencia requiere al menos 60 oficiales de protección adicionales para responder a una demanda que podría alcanzar casi 50 mil solicitudes de refugio. La insuficiencia presupuestal amenaza con mantener el rezago en los procedimientos y limitar la capacidad institucional para atender a quienes solicitan protección internacional. La reducción de recursos también alcanzaría a los mexicanos en el exterior. El programa de protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendría un recorte de 7.4%, pese a que recientemente atendió más de 157 mil casos de asistencia en Estados Unidos. A su vez, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) tendría un incremento de apenas 2.5%, considerado insuficiente por las organizaciones para responder a las necesidades de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad. Te puede interesar: Niñez migrante enfrenta discriminación y violencia pese a marcos de protección Los costos de residencia también están en disputaLa iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos mantiene un incremento promedio de 118% en las tarifas de las tarjetas de residente temporal y permanente respecto de 2023. El análisis señaló que, en 2026, el costo de una tarjeta de residencia permanente equivalía a 43 salarios mínimos diarios. Además, la propuesta contempla destinar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) 50% de la recaudación por el ingreso de visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, una asignación que las organizaciones cuestionan frente a las necesidades de atención humanitaria e integración de las personas migrantes. 
Ante ello, el colectivo pidió al Congreso reducir las tarifas de los documentos de residencia a los niveles de 2025, con un ajuste de 8% por inflación, así como modificar los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Federal de Derechos para incorporar exenciones de pago a personas que acrediten no contar con recursos económicos suficientes. También propuso reasignar 50% de los ingresos recaudados por visitantes extranjeros a programas de protección para poblaciones en contextos de movilidad. “El presupuesto público es el reflejo de las prioridades de un Estado”, sostuvieron las organizaciones, que advirtieron que aprobar el paquete económico sin modificaciones implicaría desatender a personas que huyen de la violencia, reducir la capacidad de asistencia a connacionales en el extranjero y mantener condiciones que favorecen la irregularidad y la marginación. |