Después de permanecer 24 años en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, Sergio Rodríguez Rosas, Ricardo Almanza Cerriteño y Jorge Hernández Mora recuperaron su libertad el pasado 21 de octubre de 2026, luego de que un juez del Sistema Tradicional Penal de Tlaxcala ordenara su excarcelación inmediata por el delito de secuestro. La resolución, emitida por el juez Alfredo Pérez Águila, dio cumplimiento a una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el acatamiento de dictámenes internacionales relacionados con violaciones a derechos humanos. Los tres hombres formaron parte del expediente conocido como la banda de “Los Kempes”, una acusación iniciada en agosto de 2002 contra seis personas que, de acuerdo con las irregularidades documentadas durante el proceso, fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura para obtener declaraciones incriminatorias. Sergio Rodríguez fue interceptado junto con su hijo Hugo cuando viajaban en automóvil rumbo a Ecatepec. Jorge Hernández, entonces de 21 años, fue detenido cuando caminaba hacia una tienda, mientras que Ricardo Almanza fue arrestado después de acudir a preguntar por el paradero de Jorge, a quien había visto subir a un automóvil policial. 
Durante el proceso se documentaron denuncias de tortura, confesiones obtenidas bajo coerción, presunta siembra de droga y testimonios fabricados. Las familias reunieron registros laborales y otros documentos para demostrar que los acusados realizaban actividades cotidianas en el Valle de México y no se encontraban en los lugares de los secuestros que les imputaban. La defensa también cuestionó la validez de las pruebas y las irregularidades en la integración de la investigación, iniciada durante la administración estatal de 1999 a 2005, cuando el fallecido Alfonso Sánchez Anaya era gobernador de Tlaxcala; Eduardo Medel Quiroz, procurador y Édgar Bayardo del Villar ocupaba una posición en la estructura de la procuraduría. Bayardo fue detenido en 2008 por sus vínculos con el narcotráfico y asesinado en la Ciudad de México en 2009, después de convertirse en testigo protegido. Las investigaciones periodísticas y los recursos legales señalaron posibles responsabilidades de funcionarios y mandos policiales. Te puede interesar: El legado de Sánchez Anaya: Organizaciones exigen liberar a tres presos tras 24 años del Caso Tlaxcala El litigio se sostuvo durante más de dos décadas con la participación de las familias, un equipo de abogados que trabajó pro bono, encabezado por Agustín Acosta, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). También intervinieron instancias internacionales, incluido el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. De los otros tres acusados, Hugo Rodríguez recuperó su libertad en 2003, tras ocho meses de prisión. José María Ramos Tenorio murió en 2013, a los 65 años, en el penal de Santa Martha Acatitla. Sobre el sexto detenido, Oswaldo Rodríguez, la información disponible no precisa su situación final. Con la resolución, Sergio, de 67 años; Jorge, de 45, y Ricardo, de 49, recuperaron su libertad. El caso exhibe las consecuencias de las detenciones arbitrarias y las pruebas ilícitas en el sistema de justicia: tres hombres pasaron más de dos décadas encarcelados sin sentencia definitiva, mientras que, de acuerdo con la documentación del expediente, los responsables de los secuestros investigados no fueron detenidos ni juzgados por esos delitos. |