La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) nombró al costarricense Óscar Solera como su nuevo representante, encargado de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos, brindar asistencia técnica y acompañar a víctimas y organizaciones civiles. Solera sustituye a Humberto Henderson, quien dejó el cargo en agosto de 2026, tras encabezar la oficina durante 11 meses, de julio de 2025 a agosto de 2026. El organismo agradeció su labor al frente de la representación. Te puede interesar: México rechaza ante la ONU procedimiento especial por crisis de desapariciones ¿Quién es Óscar Solera?Antes de su nombramiento, Óscar Solera encabezaba el Equipo de Planificación Estratégica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para las Operaciones de Paz, con sede en Nueva York. También fue oficial de Asuntos Políticos de la Oficina Ejecutiva del secretario general de la ONU y director adjunto de la División de Derechos Humanos de la misión del organismo en Malí. En Colombia coordinó la Unidad de Justicia y Sector Seguridad de la oficina del Alto Comisionado, donde impulsó iniciativas de cooperación con instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en justicia transicional, seguridad ciudadana, administración de justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, trabajó en la Sección de Estado de Derecho y Democracia de la sede del Alto Comisionado en Ginebra, Suiza, y ocupó cargos en instituciones de Costa Rica y Suiza. Cuenta con un doctorado en Derecho Internacional y una maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, además de una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica. ¿Qué hace la ONU-DH en México?La oficina monitorea la situación de los derechos humanos, brinda cooperación y asistencia técnica a instituciones públicas, acompaña a víctimas y organizaciones civiles y promueve el cumplimiento de los estándares internacionales. Su trabajo contribuye a visibilizar denuncias, fortalecer las capacidades de organizaciones y personas defensoras, documentar situaciones que requieren atención y señalar las obligaciones internacionales del Estado mexicano. También da seguimiento a las agresiones contra periodistas y comunicadores, visibiliza los riesgos que enfrenta la prensa y promueve que las autoridades fortalezcan las medidas de protección para el gremio.
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