El Gobierno de México rechazó formalmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para activar un mecanismo de revisión de alto nivel sobre la situación de desapariciones en el país, argumentando desacuerdo sobre el alcance jurídico del artículo 34 de la Convención Internacional en la materia. Durante su intervención en la Tercera Comisión del órgano multilateral, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, fijó la postura del Estado mexicano frente a la pretensión del CED de examinar la problemática bajo el criterio de violencia generalizada o sistemática. Te puede interesar: La ONU activa por primera vez un proceso contra México por desapariciones forzadas El organismo internacional aclaró en su informe que la eventual activación de dicho procedimiento no determina responsabilidad penal directa del Ejecutivo federal ni establece una política de Estado deliberada. Al respecto, Medina Padilla aseveró que la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tolera la impunidad y mantiene esquemas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para la búsqueda e investigación. 
El funcionario federal sostuvo ante la representación internacional un cambio en la dinámica de este delito, señalando que mientras en administraciones pasadas las ordenamientos provenían de altos mandos políticos, actualmente las desapariciones son ejecutadas por células del crimen organizado con la connivencia de autoridades del orden municipal. Finalmente, la delegación mexicana informó que durante 2026 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta la ubicación de más de 16 mil personas —la mayoría con vida—, e indicó que se auditará la base de datos nacional en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). Por su parte, el director del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció que si bien el Estado mexicano mantiene apertura de información con el organismo desde 2012, persisten problemas estructurales y un patrón continuo de desapariciones en el país. No obstante, el representante de la ONU ratificó que no se identificaron indicios fundamentados de una política de Estado a nivel federal —sea por acción deliberada u omisión— para la comisión de estos delitos, por lo que la asamblea del comité evaluará nuevas vías de cooperación y asistencia técnica internacional con el gobierno de México. |