Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la mayoría de los homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México permanecen impunes, al tiempo que urgieron a las autoridades a implementar mecanismos efectivos de investigación y protección. Durante una audiencia pública realizada en el marco del 179 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil informaron que entre enero de 2022 y septiembre de 2026 fueron documentados 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, para un total de 113 casos. De acuerdo con las agrupaciones participantes, únicamente cuatro expedientes han derivado en una sentencia condenatoria, lo que representa un nivel de impunidad de 96.5 por ciento. Las organizaciones advirtieron que la falta de justicia afecta a las víctimas directas y sus familias y fomenta nuevas agresiones, genera miedo entre quienes realizan labores de defensa de derechos humanos y, en algunos casos, obliga al desplazamiento o al abandono de su trabajo. Por ello, solicitaron al Estado mexicano adoptar una estrategia integral de investigación y persecución penal que permita esclarecer los hechos, identificar tanto a autores materiales como intelectuales y garantizar la participación y protección de las víctimas durante los procesos judiciales. Uno de los principales planteamientos fue la implementación del recientemente aprobado Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Las organizaciones pidieron que la Fiscalía General de la República establezca un plan público de aplicación con responsables, recursos, capacitación, mecanismos de seguimiento y coordinación con la sociedad civil. 
Durante la audiencia, integrantes de la CIDH expresaron preocupación por la situación que enfrentan quienes defienden derechos humanos en México. La relatoría para México señaló que el país continúa siendo uno de los entornos más riesgosos para esta labor, particularmente cuando las actividades de defensa afectan intereses políticos o económicos. Por su parte, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos recomendó implementar el protocolo mediante un plan de acción con plazos definidos, presupuesto suficiente, capacitación de funcionarios y participación efectiva de organizaciones civiles. Te puede interesar: En México, fueron asesinados 25 defensores de derechos humanos en 2021 Como resultado del encuentro, el Estado mexicano asumió seis compromisos, entre ellos la elaboración de un plan nacional para implementar el protocolo, la creación de un registro homologado de delitos contra personas defensoras, la instalación de una mesa de trabajo para revisar los 113 casos documentados y el análisis de una posible fiscalía especializada para investigar agresiones contra este sector. Las organizaciones insistieron en que la aprobación de protocolos y mecanismos legales debe traducirse en resultados concretos, ya que mientras persista la impunidad, los riesgos para quienes defienden derechos humanos continuarán creciendo. |