En México, fueron asesinados 25 defensores de derechos humanos en 2021

Según el informe presentado por el Comité Cerezo México, un total de 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente en 2021, todos ellos ejecutados por motivos políticos.

La organización afirmó que dichas ejecuciones fueron cometidas como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando.

Agregó que los perpetradores de los crímenes fueron agentes del Estado bajo la modalidad de comisión o aprobación.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia, cometen una privación ilegítima de la vida.

“Por lo tanto, se define como un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”.

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Esta investigación es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México desde el 2008.

El informe de este último año contabilizó 7 ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, 5 en Chiapas, 4 en Sonora.

En tanto, Morelos y Guerrero registraron 2 casos cada uno y en Veracruz, Campeche, Jalisco, Hidalgo y Colima se contabilizaron una por estado.

Entre las causas que defendían las personas asesinadas están principalmente el derecho al territorio (12 de ellos), cinco defendían derechos humanos relacionados a la vida digna y cuatro de las víctimas defendían derechos relacionados al medio ambiente.

Además, hubo dos víctimas de ejecución extrajudicial por apoyar el derecho a defender los derechos humanos y un caso de defensores del derecho a la libertad de expresión y de los derechos laborales.

De las víctimas de ejecución extrajudicial, se sabe que el 32% de las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena (nueve casos) y el 68 % eran mestizas (19 casos).

Denunciaron que, actualmente, no existe una política homogénea a nivel federal, estatal y/o municipal respecto al uso de la represión política.

“Hay municipios y estados que continúan con el sistemático uso de las estrategias de represión contra las organizaciones sociales y pueblo en general que lucha por mejores condiciones de vida, por una vida digna y por el ejercicio de los derechos humanos”, indica el informe.

Entre estas estrategias destacaron el control social mediante el terror, la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente.