México acumuló 27 mil 039 expedientes por tortura entre 2018 y el 30 de junio de 2026, periodo en el que también se contabilizaron 34 mil 376 víctimas y 28 mil 354 personas presuntamente responsables, cifras que evidencian la dimensión del problema y los pendientes institucionales para prevenir, investigar y sancionar esta violación a los derechos humanos. Durante el foro Avances y Pendientes en la Implementación de la Ley contra la Tortura en México, el coordinador de la Unidad de Seguridad y Justicia de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, advirtió que la legislación enfrenta problemas de obsolescencia y falta de operatividad efectiva, por lo que su existencia no ha sido suficiente para garantizar una protección adecuada a las víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional en Materia de Tortura, Veracruz concentra el 13.5 por ciento de los expedientes, seguido de Ciudad de México, con 11 por ciento; Estado de México, con 8 por ciento, y Oaxaca, con 7.8 por ciento, equivalente a 2 mil 111 investigaciones. La distribución de víctimas mantiene a estas entidades entre los primeros lugares. Veracruz registra el 14.4 por ciento; Ciudad de México, 8.9 por ciento; Estado de México, 8.6 por ciento, y Oaxaca, 8.4 por ciento, con 2 mil 892 personas afectadas. En cuanto a las personas presuntamente responsables, Veracruz concentra el 13.2 por ciento; Estado de México, 8.3 por ciento, y Oaxaca, 8 por ciento, con mil 269 personas señaladas en las carpetas de investigación. García Campos sostuvo que uno de los principales obstáculos para combatir la tortura es la falta de independencia e imparcialidad de las instituciones encargadas de monitorear, investigar y perseguir este delito. Advirtió que mientras no existan condiciones para garantizar la autonomía de quienes tienen estas responsabilidades, será difícil detectar, documentar y sancionar adecuadamente las agresiones. Te puede interesar: México con 1,085 víctimas de tortura en 2026; Puebla acumula más de 2 mil denuncias El representante de la ONU-DH reconoció que existen avances en la implementación de la legislación, pero señaló que persisten deficiencias que impiden consolidar una política efectiva de prevención y erradicación. Añadió que no es posible bajar la guardia ante una práctica que encuentra nuevas formas de reproducirse y que requiere atención permanente, desde la prevención hasta la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición. Entre los factores que favorecen estas violaciones señaló el crecimiento de la población penitenciaria sin sentencia, así como los niveles de sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Explicó que los censos sobre las condiciones de los centros de privación de la libertad muestran un incremento histórico de personas encarceladas, situación que genera entornos propicios para los malos tratos y la tortura. Una parte de esta población permanece privada de la libertad sin recibir sentencia, en un contexto relacionado con el uso de la prisión preventiva oficiosa. A estos problemas agregó la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y las modificaciones legislativas que, advirtió, pueden debilitar los marcos institucionales y poner en entredicho la independencia e imparcialidad del sistema de justicia. 
El diagnóstico también contempla espacios distintos de las cárceles tradicionales. García Campos alertó sobre la existencia de entornos que favorecen prácticas de tortura y malos tratos en centros de internamiento involuntario para personas con discapacidad y anexos para personas consumidoras de sustancias, donde también deben fortalecerse los mecanismos de supervisión y protección de derechos humanos. El foro fue convocado por CODIGO-DH y World Justice Project, con el propósito de revisar los avances y pendientes en la aplicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. García Campos insistió en que las víctimas deben permanecer en el centro de las políticas públicas y de los procesos de justicia, junto con las personas defensoras y representantes que las acompañan, para garantizar que los casos no queden únicamente en registros estadísticos, sino que deriven en investigaciones efectivas, sanciones y medidas de reparación. |