Martes 23 Junio 2026

El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, confirmó que este miércoles 24 de junio concluye el plazo de cinco días hábiles que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, con el objetivo de reconocer los derechos de las infancias trans.

En conferencia de prensa, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el miércoles 17 de junio el Congreso recibió la notificación del máximo tribunal constitucional del país.

“Tenemos cinco días hábiles que vencen el día de mañana, nosotros estamos ya conversando, platicando, los que hemos sido requeridos”, dijo.

Los funcionarios requeridos por la SCJN son el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez; el presidente de la Junta de Gobierno, Pavel Gaspar Ramírez, y el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina, a quienes dio un plazo de cinco días hábiles para informar sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en marzo de 2022, acompañando copia certificada de las constancias que acrediten su dicho.

Organizaciones y colectivos han exigido al Congreso de Puebla el reconocimiento de derechos de las infancias trans, tras la resolución de la SCJN. Esimagen.

Al respecto, el líder del Congreso sostuvo que las pláticas entre los diputados están por concluir y reiteró que cumplirán con el mandato de la Corte, sin dar una fecha exacta para reformar el Código Civil del Estado y permitir a las niñas, niños y adolescentes solicitar, de manera gratuita, la emisión de una nueva acta de nacimiento acorde a su identidad de género autopercibida.

“Estamos concluyendo estas pláticas, tenemos un día más, pero sí te puedo decir que daremos atención y cumpliremos a la Corte”, afirmó Gaspar Ramírez.

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La advertencia de la Corte

La SCJN advirtió que, de no atender el requerimiento, se impondrá una multa de hasta 120 UMA, equivalente a 14 mil 77 pesos en 2026, al patrimonio personal de los diputados.

La sanción sería más severa para el director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, Jesús Juárez Lezama, ya que de él depende el avance del proceso legislativo. La Corte recordó a los diputados que, como superiores jerárquicos, están obligados a vigilar y agilizar el trabajo del jurídico.