Aidé Pérez Marín, regidora de San Miguel Xoxtla, acusó que, de forma irregular, fue suspendida temporalmente de su cargo, pues dijo que se le señala por un presunto daño patrimonial superior a los dos mil pesos, relacionado con el resguardo de 94 juguetes. Asimismo, expresó que las presuntas anomalías en su contra podrían obedecer a que constantemente cuestiona la prohibición del uso de celulares en las sesiones de Cabildo o a que ha atendido a defensores del agua. En rueda de prensa, detalló que el origen de las presuntas irregularidades se remonta a enero de 2026, cuando surgió un problema por falta de espacio en su oficina. Señaló que la acumulación de cajas, bolsas, juguetes y otros materiales en su espacio dificultaba el tránsito, las labores y la atención a la ciudadanía. Abundó que la propia alcaldesa, Guadalupe Ortiz Pérez, y el área de Contraloría estaban enteradas del asunto, por lo que aceptaron trasladar los juguetes a una bodega. La regidora expresó que pagó con sus propios recursos la renta de la bodega y señaló que el 8 de abril el Ayuntamiento de Xoxtla se hizo cargo de los juguetes. Puedes leer: En 19 minutos Xoxtla impone mordaza: Alcaldesa prohíbe celulares, impide grabar sesiones y oculta actas Pese a lo anterior, el 21 de agosto le hicieron entrega de un acta de suspensión del órgano interno, la cual, según relató, fue colocada afuera de su domicilio, pues ella no se encontraba en casa y sus hijos menores de edad no podían recibir el expediente. Nueve días después, se presentó a trabajar en el Ayuntamiento y, de acuerdo con su versión, le impidieron el acceso. Posteriormente, el 1 de septiembre, regresó a su trabajo y le mostraron el acta, pero, según afirmó, le negaron la posibilidad de fotografiarla, obtener una copia, firmarla o leerla en voz alta. Agregó que, actualmente, no cuenta con el expediente mediante el cual se le acusa de un presunto daño patrimonial, situación que, consideró, estaría vulnerando su derecho de audiencia. Informó que, al ser suspendida de manera temporal, sólo recibe el 30 por ciento de su salario desde finales de agosto, por lo que promovió un amparo para controvertir la determinación del Ayuntamiento de Xoxtla. Te puede interesar: PVEM definirá candidaturas federales de Puebla a finales de 2026 Dijo que dicho amparo lo tramitó el pasado 21 de septiembre y adelantó que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defenderse. 
Al ser cuestionada sobre si el procedimiento administrativo en su contra fue votado en Cabildo, respondió que no y afirmó que la medida fue tomada por la Contraloría y el órgano interno de control. La regidora añadió que en el Ayuntamiento de Xoxtla continúa la orden de que los servidores públicos municipales ingresen a las sesiones de Cabildo sin sus teléfonos celulares. Pérez Marín estuvo acompañada en la rueda de prensa por Pascual Bermúdez, defensor del agua en el municipio, quien consideró que la suspensión de la regidora estaría relacionada con su acercamiento a reuniones de activistas que se oponen a la privatización del agua. Así inició el escándalo de los celularesEn mayo de 2026, el Cabildo de San Miguel Xoxtla, encabezado por la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez, aprobó por mayoría prohibir el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos durante las sesiones, dejando únicamente al secretario del Ayuntamiento y al área de Comunicación Social la posibilidad de grabarlas. La medida fue aprobada en una sesión extraordinaria de apenas 19 minutos, con nueve votos a favor y uno en contra. La regidora Aidé Pérez Marín cuestionó que la restricción pudiera afectar el derecho a la información, la transparencia y el ejercicio de las funciones de los propios integrantes del Cabildo. El caso también evidenció rezagos en la publicación de información oficial. Hasta mediados de julio, el portal municipal no mostraba actas de Cabildo de la administración 2024-2027 y, tras una solicitud de entrevista de El Popular, el Ayuntamiento publicó de manera conjunta 21 meses de documentos. Sin embargo, continuaban ausentes las actas de sesiones extraordinarias, incluida la del 15 de mayo en la que se aprobó la restricción de dispositivos. La regidora Pérez Marín aseguró además que, pese a solicitar formalmente una copia certificada de esa acta, durante casi dos meses no recibió respuesta por escrito. |