El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del sistema electoral y señaló que Puebla aparece entre las entidades con mayores montos de contratos relacionados con las empresas bajo investigación. El señalamiento ocurre luego de que el Gobierno federal diera a conocer una investigación sobre una presunta red empresarial que habría concentrado contratos millonarios para la elaboración y suministro de materiales electorales, mediante compañías que aparentemente mantenían vínculos entre sí y simulaban competir en procedimientos de licitación. De acuerdo con la información presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, las empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas acumularon contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025. 
En el caso de Puebla, la investigación identificó 179.1 millones de pesos en contrataciones del Instituto Electoral del Estado (IEE) durante el periodo comprendido entre 2014 y 2025. De ese monto, 49.4 millones corresponden al periodo de 2014 a 2023, mientras que otros 129.7 millones fueron contratados entre 2024 y 2025. Este último monto corresponde a un contrato otorgado en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY, por 129 millones 700 mil 584 pesos, para el suministro de materiales electorales y de simulacro utilizados durante los comicios locales. La investigación federal señala que entre las empresas presuntamente relacionadas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG. Las compañías habrían compartido socios, representantes legales, domicilios o teléfonos, lo que abrió sospechas sobre una posible simulación de competencia en los procesos de contratación. Te puede interesar: ¿Guadalupe Taddei está en la lista de bloqueados de la UIF? Esto se sabe Sin embargo, los señalamientos todavía están bajo investigación. Incluso, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, rechazó anteriormente que Comercializadora JVLY estuviera vinculada con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y defendió que el contrato se otorgó mediante una licitación pública nacional. A nivel nacional, las autoridades federales anunciaron que las investigaciones continuarán para revisar los procedimientos de contratación, identificar posibles conflictos de interés y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales. La revisión también contempla contratos de organismos electorales estatales, por lo que el caso no se limita exclusivamente al INE, sino que involucra a distintas autoridades electorales del país. |