El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la investigación de una presunta red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), relacionada con contrataciones de materiales y servicios electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos. El mandatario también acusó a la oposición de intentar responsabilizar a la Cuarta Transformación por una estructura empresarial cuyos antecedentes, según la investigación federal, se remontan a 27 años. También puedes leer: Sheinbaum señala red de empresas electorales con contratos desde 1989 Durante una conferencia de prensa este jueves 5 de noviembre, Armenta Mier reconoció la exposición realizada por Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien presentó información sobre el origen y funcionamiento de un grupo de empresas proveedoras de organismos electorales. El gobernador sostuvo que las investigaciones permitirán conocer cómo se establecieron los vínculos entre las compañías y las instituciones electorales durante distintas administraciones.
Armenta consideró que la información presentada durante la conferencia presidencial permite cuestionar las acusaciones de la oposición contra el actual gobierno federal, pues, aseguró, existen antecedentes de contrataciones anteriores al inicio de la Cuarta Transformación. En ese contexto, afirmó que los partidos opositores intentan atribuir al movimiento gobernante responsabilidades por actos que se habrían originado en administraciones anteriores. El mandatario se refirió a la estructura investigada como una "mafia electoral" y felicitó a Buenrostro por la exposición de los antecedentes. Puebla registra 179.1 millones de pesos en contratos electorales bajo revisiónUno de los datos más relevantes para Puebla es la identificación de 179.1 millones de pesos en contrataciones electorales relacionadas con las empresas señaladas en la investigación federal. De acuerdo con el desglose presentado por el Gobierno de Puebla, las operaciones se distribuyen en dos periodos:
Dentro del segundo periodo destaca un contrato otorgado por el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 129 millones 700 mil 584 pesos, destinado al suministro de documentación y materiales electorales para los comicios de 2024. La adjudicación se realizó cuando Blanca Yassahara Cruz García presidía el organismo electoral poblano. Actualmente, la funcionaria ocupa la presidencia provisional del INE, tras la salida de Guadalupe Taddei. 
El contrato fue objeto de observaciones durante la fiscalización de la cuenta pública de 2024. La Auditoría Superior del Estado (ASE) documentó siete observaciones por un monto global de 138.8 millones de pesos, entre las que se encontraba la contratación de Comercializadora JVLY. No obstante, Blanca Cruz ha defendido la legalidad del procedimiento y negó que la empresa contratada estuviera relacionada con los proveedores señalados por sus vínculos con José Alfredo Hernández Casillas. Por su parte, la actual presidencia del IEE afirmó que las observaciones de la auditoría fueron atendidas y solventadas. Frente a estos antecedentes, José Luis García Parra manifestó que el gobierno estatal respaldará la revisión integral de los contratos y promoverá que el IEE haga pública la documentación relacionada con sus procedimientos de contratación. El coordinador señaló que las investigaciones deben realizarse sin excepciones y respetando la autonomía de las autoridades electorales, para que las instancias fiscalizadoras determinen si existieron irregularidades y, en su caso, establezcan las responsabilidades correspondientes. García Parra acusa doble moral de la oposiciónEn un posicionamiento complementario, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, expresó el respaldo del Gobierno de Puebla a la investigación anunciada por Sheinbaum y acusó a la oposición de actuar con doble moral al responsabilizar al actual gobierno por irregularidades que, de acuerdo con la documentación presentada, comenzaron años atrás. El funcionario expuso una cronología sobre las operaciones de un grupo empresarial vinculado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, identificados en las investigaciones federales como beneficiarios de contrataciones con organismos electorales. 
Según la información presentada por Raquel Buenrostro, al menos seis empresas relacionadas con los empresarios acumularon aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos en contratos electorales entre 2015 y 2025. Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández. La investigación federal señala posibles mecanismos de simulación de competencia en licitaciones, mediante la participación de empresas que aparentemente eran independientes, pero que mantenían vínculos entre sus propietarios, representantes o beneficiarios finales. La revisión de antecedentes identifica contrataciones electorales desde 1999 en el Estado de México. Uno de los episodios señalados corresponde a 2005, cuando una empresa del grupo obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos, posteriormente cuestionado por presuntas irregularidades. García Parra también mencionó la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, quien fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del instituto nacional, entonces presidido por Lorenzo Córdova Vianello. Posteriormente, Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante el procedimiento de insaculación contemplado en la legislación electoral. El coordinador de Gabinete utilizó estos antecedentes para argumentar que la estructura institucional y empresarial investigada existía antes del actual gobierno federal. Sin embargo, las posibles responsabilidades administrativas o penales por las contrataciones deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y no únicamente a partir de los antecedentes políticos o institucionales de las personas mencionadas. Sheinbaum anuncia acciones contra la presunta red empresarialDurante su conferencia matutina del 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la investigación sobre los proveedores electorales partió de una revisión de fuentes abiertas, en la que se identificaron antecedentes empresariales y patrones de contratación durante distintas administraciones. La mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar cuentas bancarias relacionadas con las indagatorias, a partir de información y denuncias vinculadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las investigaciones también alcanzaron a la Fiscalía General de la República (FGR), ante la cual se han promovido acciones para determinar posibles responsabilidades por las operaciones señaladas. 
La presidenta sostuvo que el origen de las relaciones comerciales debe revisarse a lo largo de varias administraciones y pidió que las autoridades competentes profundicen en los procedimientos de contratación. El hecho de que las empresas hayan recibido contratos millonarios constituye uno de los elementos de la investigación, aunque la existencia de contratos no acredita por sí sola la comisión de delitos. Corresponde a las autoridades determinar si hubo simulación de competencia, uso de empresas fachada u otras conductas ilegales. Gobierno de Puebla ofrece colaboración rumbo a las elecciones de 2027Como parte de su posicionamiento, la administración de Alejandro Armenta aseguró que colaborará con las instancias competentes para esclarecer las contrataciones electorales realizadas en Puebla, sin intervenir en la autonomía de los organismos responsables de organizar las elecciones. El gobierno estatal también destacó sus acciones internas de control administrativo. Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, 315 personas servidoras públicas han sido separadas de sus cargos por distintas irregularidades detectadas durante la actual administración. Estos procedimientos corresponden al ámbito estatal y son independientes de las investigaciones sobre los contratos electorales. El pronunciamiento ocurre mientras se revisan las contrataciones de proveedores del sistema electoral mexicano, a pocos meses del inicio del proceso que culminará con las elecciones del 6 de junio de 2027. En el caso poblano, permanece pendiente conocer el resultado de las revisiones a los 179.1 millones de pesos identificados en contratos electorales, así como determinar si los procedimientos de adjudicación se realizaron conforme a la ley o si existieron responsabilidades administrativas o penales. |