La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las empresas de los hermanos Hernández Casillas forman parte de una red de proveedores electorales que opera desde hace 27 años y que fortaleció su presencia entre 2015 y 2023, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE). Los señalamientos se basan en una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), elaborada a partir de fuentes abiertas, que identificó el origen de las empresas y sus contratos con organismos electorales. Sheinbaum pidió investigar las posibles irregularidades y transparentar la adquisición de material electoral. Te puede interesar: ¿Guadalupe Taddei está en la lista de bloqueados de la UIF? Esto se sabe Durante su conferencia matutina, sostuvo que la red no surgió durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, sino que tiene antecedentes de varias décadas. También señaló presuntos vínculos entre los empresarios, el partido SOMOS y exintegrantes de autoridades electorales.
La presidenta adelantó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México. La propuesta contempla sumar secretarías y representantes académicos a su Consejo de Administración, además de incorporar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como observadora. El objetivo es que la empresa estatal fabrique el material electoral y que otros insumos se compren a compañías mexicanas. ![]() Los antecedentes de las empresasLa secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas se remontan a la década de 1980, cuando trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), de la Secretaría de Gobernación. Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del RENAPO. En 1987, Raymundo Hernández Casillas trabajó en Recursos Financieros y Materiales. Un año después se constituyó Cartonera Plástica. En 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y José Alfredo se incorporó como su secretario particular. Ese año, Raymundo ingresó al área de Investigaciones. En 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas. En 1999, Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México. En 2005 obtuvo un contrato de 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral. Según Buenrostro, ese año hubo denuncias por presuntas irregularidades y sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales. ![]() Contratos por más de 2 mil millones de pesosEntre 2012 y 2013, los hermanos diversificaron sus empresas y contratos con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Tras la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE asumió la designación de consejerías de los organismos electorales locales, antes facultad de los congresos estatales. Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. La investigación identificó que, entre 2024 y 2025, durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE, la misma red obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLEs. Buenrostro agregó que Juan Carlos Padilla Aguilar coincidió posteriormente en SOMOS con exfuncionarios electorales: Marco Antonio Baños, representante suplente del partido ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del instituto y actual titular del Centro de Formación y Profesionalización Política; y Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de esa fuerza política. La secretaria precisó que el INE es autónomo y que corresponde a su contraloría interna y al Congreso atender los mecanismos de fiscalización. Añadió que la ASF debe identificar posibles irregularidades, determinar sanciones administrativas y, cuando corresponda, presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno analiza mecanismos para prevenir que esquemas similares se reproduzcan en la Administración Pública Federal.
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