Martes 17 Noviembre 2026

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General en Materia de Trata de Personas para tipificar el reclutamiento forzado de personas por grupos del crimen organizado, con penas de hasta 25 años de prisión. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes induzcan, incorporen o recluten personas para actividades delictivas mediante engaños u otros medios. Cuando se utilice intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas de 10 mil a 80 mil días.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas para sancionar el reclutamiento forzado de personas por grupos criminales.

Uno de los puntos centrales del dictamen es la protección de niñas, niños y adolescentes, pues cualquier reclutamiento de menores de edad será considerado forzado, independientemente del medio utilizado, y recibirá una sanción más severa.

Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, sean migrantes o sufran lesiones, tortura, violencia sexual o tratos crueles. También se contemplan agravantes cuando los responsables sean integrantes de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas.

Te puede interesar: Exige SIPINNA al Senado tipificar como delito autónomo el reclutamiento forzado de menores

El nuevo tipo penal permitirá que las autoridades investiguen de oficio, sin que sea indispensable una denuncia de la víctima, además de establecer medidas para proteger su identidad. Con ello, se busca cerrar vacíos legales que dificultaban investigar y sancionar la incorporación de personas a grupos criminales mediante engaños, amenazas o violencia.

Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas señalaron la dimensión del problema entre la población infantil y adolescente. Datos de UNICEF y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), citados en el debate, estiman que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por organizaciones delictivas.

Una vez que la reforma avance en el proceso legislativo, los congresos estatales tendrán un plazo de 180 días para armonizar sus legislaciones con las nuevas disposiciones.