Activistas, a la cárcel; tinacos y mochilas a los votantes

Conflictos sociales, recomendaciones de la CNDH y deficiente política social caracterizan a la gestión saliente de Rafael Moreno Valle

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Mientras diferentes figuras públicas han puesto en duda la suficiencia de avances en desarrollo social durante el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle, el periodo estuvo marcado por conflictos sociales y el perseguimiento a activistas.

A días de salir el panista, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla contaba 355 casos de presos, procesados y con órdenes de aprehensión, más de uno por cada semana del morenovalllismo.

En la lista, explicó su vocera Carolina González Barranco, hay 53 procesos heredados que no pudieron resolverse en el sexenio, 150 órdenes de aprehensión libradas, 141 personas siguen juicios fuera de prisión y hay 6 encarcelados.

Fotos: Karen Rojas

Cuatro son de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, uno más opositor a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y está el exsecretario marinista y crítico de proyectos, Francisco Castillo Montemayor.

En cualquier lugar del mundo, señaló la también académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, a estos presos los reconocería el gobierno como activistas, pero en Puebla se les persiguió tras defender sus derechos.

"Las personas están defendiendo lo que es suyo, lo que es parte de su identidad, lo que es parte de su comunidad, lo que es parte de s trabajo y lo único que están recibiendo es esto, la represión a través de la condena", comentó.

Por otro lado, para el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, no existen presos políticos en el estado, como lo reconoció en su última comparecencia del sexenio ante el Congreso local.

El funcionario aseguró que ellos han desmentido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) parte de esa lista y que en el caso de los presos hay investigaciones por delitos ajenos a su activismo.

De acuerdo con registros del comité, el año más crítico fue 2014, que coincide además con el retiro de registros civiles de juntas auxiliares, lo que generó protestas y el enfrentamiento de San Bernardino Chalchihuapan.

Este caso de uso excesivo de fuerza de la policía estatal y que derivó en la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, es considerado como violación grave por la CNDH.

Al gobierno de Moreno Valle se le clasifica junto con otras recomendaciones polémicas nacionales: la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; los casos contra el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; y contra la Policía Federal en Tanhuato y Apatzingán, Michoacán.

Además del caso de Chalchihuapan al morenovallismo le hizo recomendaciones la CNDH por atención inadecuada a mujeres embarazadas en hospitales del sector salud en Acatlán de Osorio, Cuetzalan y Pahuatlán.

El rubro de los derechos humanos en el sexenio también alcanzó a la libertad de expresión, pues de acuerdo con el último informe de la organización Artículo 19 de 2016, en ese año fue la quinta en agresiones a periodistas con 18 casos.

Proyectos que quedan a deber

Si bien en sus informes el gobernador Rafael Moreno Valle ha resaltado avances en materia de desarrollo social, hay proyectos incumplidos que fueron anunciados a inicio de sexenio, contrastes en evaluación de la pobreza y críticas de analistas.

Al revisar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017 se observa que de lo planteado en este rubro hay puntos en los que no se presentaron actividades y otros más que se hicieron pero con fallas.

En materia de educación, por ejemplo, se planteó impulsar el inglés en educación básica, pero esto contrastó con la falta de un proyecto integral a nivel estatal y en 2014 hubo despidos masivos de maestros que ofrecían esa materia.

En 2015 se publicó la quinta edición del Índice del Nivel de Inglés EF que elabora EF Education First, donde se advierte que el nivel de competencia de un poblano que habla inglés es "muy bajo", lo que coloca a la entidad entre las 12 con menor nivel de inglés entre sus habitantes.

Otro proyecto fallido fue el diseño de ciudades rurales, a pocas semanas del arranque del sexenio arrancó la construcción de una en San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, pero un año después las obras lucían abandono e insuficiencia.

Fue en 2011 cuando el gobernador anunció el proyecto, el cual dijo, sería habitado por 15 mil personas; sin embargo, solo se consolidó el Centro Integral de Servicios, no así proyectos como establecimientos comerciales, centros de salud, más calles pavimentadas, alcance de servicios como agua potable, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado y alumbrado público.

El PED contemplaba también el rescate de zonas arqueológicos e inmuebles históricos y, aunque esto se hizo en algunos puntos del estado, también se acusó destrucción por obras de gobierno en casos como San Pedro Cholula y la Casa del Torno. Sobre el último, el plan era colocar la estación principal del Teleférico; sin embargo, activistas e historiadores promovieron su rescate a fin de no afectar más al patrimonio histórico del que formaba parte el inmueble, con lo que se suspendió la obra.

Pobreza, señalamiento en pie

Sobre desarrollo social una de las mayores observaciones que han hecho analistas y críticos es el aumento en la cantidad de pobres señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entre 2010 y 2014, tres años de ellos del morenovallismo, recordó la panista Violeta Lagunes Viveros, se reportó la existencia de 342 mil 548 nuevos pobres en Puebla, que, al representar la mitad del crecimiento en el país, reflejan deterioro.

"Reprobada (la política pública) sería si la gente siguió con su misma calidad de vida que era adversa, sobre todo en la Sierra Norte, Sierra Negra y la Mixteca, pero fue todavía superior a ese problema", dijo.

Los datos revelados por el Coneval en 2015 ubican a Puebla como el cuarto estado con mayor número de pobres, con 3 millones 878 mil personas en estas condiciones. La pobreza abarca al 64.5 por ciento de los poblanos, además que un 16.2 por ciento se encuentra en pobreza extrema.

En su comparecencia, el secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas, aseveró que el gobierno deja "sólidos cimientos" en el combate a la pobreza, además de reconocer que seis años no fueron suficientes para abatir por completo la situación de pobreza, al ser un "problema histórico y estructural".

Y acusa uso electoral

Además de resultar insuficientes los proyectos en materia de desarrollo social, en los diferentes procesos electorales que se vivieron en el sexenio se acusó el uso de los mismos para atraer el voto.

Uno de los casos más significativos fue el de los tinacos azules, como el color del Partido Acción Nacional, que se entregaron a cambio de la credencial de elector en plena campaña para suceder a Moreno Valle en 2016.

Archivo Enfoque

Más de 103 millones de pesos gastó el gobierno en la compra de 50 mil 176 tinacos azules que se repartieron de noviembre de 2015 a septiembre de 2016. De acuerdo con el diputado Francisco Jiménez Huerta, los tinacos alcanzan un valor promedio de mil 600 pesos, cifra muy debajo del gasto ejercido por unidad que fue de 2 mil 65 pesos por cada colector de mil 100 litros.

El uso de los colores del grupo político al que pertenece el gobernador también se empleó en otros apoyos sociales que incluyeron uniformes escolares, mochilas y pañaleras.

En su último año de gobierno, el mandatario estatal signó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en la entidad, para la fabricación de un millón 81 mil 171 uniformes escolares que se entregaron de manera gratuita y significaron un gasto de 213.2 millones pesos.

Al igual que uniformes, se regalaron 807 mil 130 mochilas en colores azul rey y blanco y 53 mil pañaleras a madres de familia.

Ante acusaciones de uso electoral de estos apoyos, la respuesta del gobierno del estado ha sido desmentirlo e incluso justificar que se realizaron con recursos federales.

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