La entrega-recepción en el gobierno estatal exhibió desorden presupuestal en dependencias como la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Contraloría (SC), ya que al final del ejercicio gastaron más de lo que les aprobaron, mientras en Educación Pública se presentó subejercicio. En los documentos del proceso legal, de los que posee copia El Popular, diario imparcial de Puebla, también se observó una práctica de opacidad en una dependencia, que reservó la información sobre "asuntos en trámite". La SGG, a cargo de Jesús Rodríguez Almeida, informó en uno de los documentos que puso a disposición en respuesta a una solicitud de información que entre enero y diciembre de 2018 se gastó más de lo que se aprobó por parte del Congreso local. El área de Defensoría Pública tenía avalados 35.5 millones de pesos para el ejercicio de ese año, pero le modificaron la cantidad a 44.1 millones. Aunque al final gastó 43.8 millones, la cifra superó lo que estaba programado para su desempeño. En siete rubros hay modificaciones, que van de 123 por ciento hasta 265 por ciento. Ese último caso corresponde al programa de Gestión Administrativa para la Eficiencia Institucional, en la que estaba propuesto un monto de 111.4 millones de pesos y lo cambiaron a 300 millones, esto es 188.6 millones de pesos más. Según el documento, esa área sólo erogó 296.3 millones, y con eso argumentaron que se devengó 98.7 por ciento de la cantidad asignada, pero en los hechos estuvo cerca de triplicarse. 
El programa Protección a la Sociedad, estipulado con un presupuesto inicial de 18.1 millones de pesos creció a 26.1 millones, un aumento de 142.1 por ciento. El comportamiento fiscal que exhibió la SGG en la documentación del proceso de entrega-recepción coincide con el desempeño presupuestal de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, de 2011 a 2018. En ese lapso las administraciones gastaron más de lo que les aprobaron los diputados para su trabajo anual. La Secretaría de la Contraloría también mostró la misma tendencia, por ejemplo en el programa de Auditoría y Fiscalización de Recursos Estatales y Federales, para el que se aprobó un monto de 113.9 millones y pasó a 141 millones de pesos; es decir, 123 por ciento. En menor medida, pero también con variaciones, estuvieron los programas relacionados con la participación ciudadana, como "Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción". En ese caso se presupuestaron más de 15 millones de pesos y terminaron por erogar 16.3 millones de pesos.
Recorte en la SEP A diferencia de lo que se observó en otras dependencias en el proceso de entrega-recepción, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se registró una modificación al alza del presupuesto durante 2018 y, además, un subejercicio. De acuerdo con los datos que entregó la dependencia, en respuesta a una solicitud de información pública por separado, el Congreso aprobó un monto superior a los 35 mil 900 millones de pesos para el ejercicio del año pasado. Sin embargo, exhibieron en los documentos que conforme avanzó el año reportaron una modificación presupuestal para quedar en 37 mil 212 millones de pesos; es decir, mil 312 millones de pesos más. Pero la SEP, pese al movimiento, al final del periodo fiscal devengó más de 31 mil 600 millones de pesos, para quedar en 5 mil 612 por debajo de lo que debía gastar. En el documento no hay una justificación que establezca los motivos por los que incurrió en subejercicio, aunque en su calendario de avances programáticos califica la mayoría de los programas con metas cumplidas. A detalle se observa que áreas importantes, que comenzaron 2018 con un presupuesto determinado, terminaron por gastar menos. Por ejemplo la dirección de Primaria, que contaba con una cantidad de 6 mil millones de pesos, misma que se modificó a 7 mil millones, al término del año sólo erogó alrededor de 5 mil 300 millones de pesos. La subsecretaría de Educación Superior también exhibió el mismo comportamiento fiscal, al pasar de un presupuesto de 4 mil 200 millones de pesos a poco más de 4 mil millones, para cerrar en 3 mil 10 millones de pesos. De toda la dependencia un área que mostró una tendencia diferente correspondió a Recursos Materiales, ya que le presupuestaron 229.1 millones de pesos y modificaron el mismo a 297 millones de pesos. Aunque finalmente sólo gastó 281.9 millones de pesos, representó 52.8 millones de pesos más de lo que a comienzo del año tenía previsto para gastar.
Queda en opacidad La Secretaría de Cultura y Turismo decidió reservar por un periodo de cinco años todos los documentos relativos al anexo "asuntos en trámite", por considerar que su difusión representa un peligro para el estado. De acuerdo con su argumentación legal, expuesta en una respuesta de una petición de información pública, la dependencia explicó que contienen datos relacionados con procedimientos administrativos y expedientes judiciales. "En virtud de que difundirlos vulnera el debido proceso que se sigue en los mismos (…) por lo tanto si la información contenida se encuentra supeditada a que la autoridad correspondiente determine un fallo, esta no es posible de ser proporcionada, hasta que determine el asunto," se argumentó. La información quedó bajo resguardo del titular de la secretaría hasta en tanto se resuelvan los casos en las áreas judiciales o administrativas competentes, sin que se explicara cuántos casos existen y de qué naturaleza cada uno. La Secretaría de Seguridad Pública también hizo una reserva por cinco años, aunque a diferencia de la anterior dependencia, en este caso se justificó porque difundir datos sobre las fuerzas policiales y sus mandos implicaba poner al descubierto operaciones de combate a la delincuencia. Entre la información que quedó a resguardo destacaron nombres de los elementos de todas las categorías y mandos. Se quedaron en secreto movimientos de cuentas bancarias, en las que se realizan transferencias para el ejercicio de la secretaría. |
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