Ramón Zurita Sahagún Justicia expedita El cuestionado y polémico ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, divide su tiempo entre su casa del sur de la ciudad de México y sus aposentos de Cuernavaca, Morelos. Sus desplazamientos siempre son acompañados por fuertes contingentes de hombres armados, aunque en su casa de Jardines, permanece una guardia de cuando menos diez elementos de seguridad. No es para menos, la gestión de García Luna como titular de SSPF mereció fuertes críticas y su actuación anterior dentro de la administración pública federal no fue mejor evaluada. L a labor de Genaro como servidor público fue severamente cuestionada por una serie de excesos que le fueron endosados y pasados por alto por sus jefes, los que ni siquiera se inmutaron ante los señalamientos públicos en su contra. Precisamente uno de esos eventos es el relacionado con Florence Cassez, la ciudadana francesa sentenciada a 60 años de prisión, por su participación en secuestros y asociación delictuosa. El asunto de la ciudadana francesa ha estado muy revuelto, con acusaciones, desistimientos y desconocimientos de sus acusadores, aunque lo que prevalece son las mentiras sobre la forma en que fue detenida y el montaje realizado que estableció una fama pública que carga desde entonces el propio García Luna. Durante las próximas horas se conocerá el veredicto de la Corte en el asunto. García Luna se encuentra consciente de su actuación en ese y otros asuntos que le provocan intranquilidad, aunque se mantiene en territorio nacional. Pero la actuación de García Luna no es la única que se cuestiona sobre las formas usadas para la aplicación de la ley en México. Varios generales del Ejército Mexicano sufren prisión por acusaciones varias en su contra, las más de ellas relacionadas con la delincuencia organizada, por la vía de relaciones con el narcotráfico. Los nombres de los personajes son de peso, dentro de la élite castrense, ya que entre ellos figura el divisionario ex subsecretario de la defensa nacional, Tomás Ángeles. Las acusaciones en su contra provienen de testigos protegidos por la justicia mexicana, todos ellos delincuentes vinculados a los cárteles de la droga. El intercambio entre justicia y delincuencia es ampliamente conocido, acusaciones –sin probar, la mayoría de las veces- a cambio de canonjías o reducción de sentencias. La fórmula no siempre ha sido exitosa, ya que muchas ocasiones, se acomodan las denuncias al gusto del cliente y luego resultan fracasos sensacionales, al no contar con la fundamentación necesaria para hacerlas probatorias. El divisionario Ángeles y los otros generales podrían salir en libertad pronto, ante el reconocimiento de los acusadores de no contar con pruebas sólidas de los delitos que se les imputan. Dos hechos que muestran la fragilidad de la justicia mexicana y lo maleables que pueden ser las leyes, cuando de hostigar a alguien se trate. El caso del general Ángeles y los otros militares puede derivar en la eliminación de la figura de testigo protegido y del arraigo, que han sido sumamente criticadas desde su aplicación. Bajo ese concepto se cometen múltiples injusticias, donde los personajes son expuestos al escarnio público, sin que sean resarcidos cuando se comprueba su inocencia. En ambos casos (Cassez y Ángeles) la poca consistencia de las acusaciones son los motivos fundamentales para que los personajes sean dejados libres, aunque nada se dice del perjurio cometido por los acusadores que derivó en cárcel de varios años para una y de seis meses para el otro. Tampoco se establece si los personajes en cuestión que fueron parte del servicio público (Procuraduría General de la República y secretaría de Seguridad Pública) serán sometidos a juicios políticos o sancionados por las irregularidades en ambos procesos o se trata solamente de borrón y cuenta nueva, como ha sucedido con gran frecuencia en asuntos que no son ventilados con la transparencia necesaria. LO ACERTADO DE BLANCA ALCALÁ Hace tres años la todavía alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz pasaba por una mala racha política. No consiguió ser candidata al gobierno estatal, a pesar de ser la mejor evaluada de todos los aspirantes priistas al cargo, ya que fue vetada por el propio gobernador, Mario Marín Torres. La designación recayó en Javier López Zavala, quien fue arrollado en las runas por el hoy gobernador Rafael Moreno Valle. Alcalá Ruiz no se desanimó y continuó al frente del cabildo poblano y pronto fue ubicada como prospecto para otra posición atractiva, la de secretaria general del PRI, formando mancuerna con Humberto Moreira Valdés, entonces una figura priista refulgente. Tampoco fue la elegida, ya que Cristina Ruiz Salazar acompañó al más tarde defenestrado coahuilense en la aventura. Sin embargo, los comicios federales del año pasado le permitieron a Blanca Alcalá mostrar su valía política y que resultaba un atractivo electoral para los ciudadanos, los que le dieron su respaldo en las urnas. La poblana ganó en su estado la senaduría de mayoría, situada como primera en la fórmula priista, sin importar que los partidos adversarios presentaron como candidatos en la misma posición al ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón y al dos veces secretario federal (Gobernación y Educación Pública) y además ex gobernador del estado, Manuel Bartlett Díaz. Ya habían pasado los malos ratos del veto de Marín Torres y de la no preferencia de Moreira Valdés, dos políticos priistas hoy fuertemente cuestionados. La llegada al Senado de la República le permitió a la legisladora poblana ubicarse dentro de un grupo preferente, ya que fue designada vicecoordinadora de la fracción que encabeza Emilio Gamboa Patrón y ahora fue designada vicecoordinadora del Comité Organizador de la XXI Asamblea Ordinaria del PRI. Alcalá coordinará los trabajos de 16 entidades, incluidas Puebla y el Distrito Federal. Email: [email protected] Email: [email protected]