RAMÓN ZURITA SAHAGÚN Tiempo después, Michoacán sigue igual. Michoacán continúa siendo el más claro ejemplo de una política fallida, donde concurren una serie de elementos locales y federales que hacen inoperantes todos los esfuerzos y estrategias para conseguir situar al estado dentro del contexto nacional. La entidad sigue siendo una ínsula, aislada en parte de su territorio, una región de otra, sin que dos administraciones federales de distintas ideologías puedan lograr llevar la tranquilidad para sus habitantes. Es cierto que no todo el estado se encuentra revuelto, pero también lo es que gran parte del mismo pasa por situaciones de aprieto. La región de la Tierra Caliente es la que mayor preocupación genera, ya que la presencia de los grupos delincuenciales y los de autodefensa, sitúan a la población en un dilema, mientras la autoridad no encuentra la forma de garantizar tranquilidad y seguridad a los habitantes. Morelia no sufre el mismo acoso que otros municipios, aunque tampoco es garantía, ya que la presencia de las fuerzas de seguridad motiva menos violencia que en el resto del estado. Lázaro Cárdenas tomado por las fuerzas armadas regresó a la tranquilidad, aunque se filtra información que desglosa lo que venía ocurriendo en el principal puerto del estado. Michoacán fue tomado en 2006 como laboratorio experimental para combatir a los grupos delincuenciales, especialmente los del llamado crimen organizado. Con un Presidente de la República oriundo del estado, se confiaba en que la decisión había sido acertada, aunque en el terreno de la realidad, fueron frustrantes los resultados obtenidos. Las fuerzas armadas se desplazaron a ese estado, en un esfuerzo conjunto entre civiles y militares que resultó un fracaso. Sin embargo, el arribo de la nueva administración mostró una estrategia similar, la que hasta el momento no ofrece resultados. Pero la tarea de pacificar el estado le fue encomendada al gobierno federal, enseñando los gobiernos estatales una pasividad que permitió el crecimiento de la violencia. Con Lázaro Cárdenas Batel se magnificó la inseguridad, ya que los grupos delincuenciales hicieron sentir su presencia, dejando un saldo grande de víctimas, entre la población y las autoridades policíacas. La llegada del segundo gobierno perredista consecutivo, el de Leonel Godoy Rangel dejó en claro la inoperancia de las autoridades locales, provocando el mayor desastre de gobierno del estado. El arribo de las fuerzas armadas, acciones fallidas judiciales y expediciones que resultaron fracasos rotundos, aunado a la certificación de contubernio entre algunas autoridades y el crimen organizado, dejaron en claro que tardaría la pacificación de la región. Los ciudadanos optaron por retirarle la confianza a los gobernantes emanados del PRD y la regresaron al PRI, pero el resultado es todavía peor. Un gobernador que sus primeros dos años de gobierno se mantuvo alejado la mayor parte del tiempo, un secretario de Gobierno con ambiciones de gobernar y que asume en forma interina el gobierno, para luego regresar a la secretaría de Gobierno, hicieron más difíciles las cosas. La disputa por el poder, las sombras de sospecha sobre la supuesta protección que se da al crimen organizado desde las instancias gubernamentales locales y lo corto del período de la actual administración se suman a los problemas de la violencia. Ni los cortos períodos que han gobernado Fausto Vallejo (en funciones), ni Jesús Reyna, consiguieron tranquilizar a la población, la que confía en el auxilio federal, para que Michoacán regrese a la tranquilidad. Hasta el momento la zona de Tierra Caliente sigue considerada como una de las más peligrosas del país, como da cuenta lo sucedido la semana pasada, con toma de carreteras, quema de autobuses, desplazamiento de autoridades y hasta la muerte de elementos de las fuerzas armadas. En ese aspecto, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, reconoce que la situación en el estado resulta una preocupación para el gobierno federal. Sin embargo, asegura que la entidad saldrá adelante y se le regresará la paz y tranquilidad a la población, como ya ocurrió en otros estados como Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. El optimismo en el gobierno federal es grande, aunque la población se encuentra a la espera de resultados palpables que les enseñen que se puede circular por las diferentes zonas del estado, sin riesgo de ninguna clase y que comerciantes, agricultores y todos los habitantes del estado, tienen garantizada la seguridad y no se encuentran expuestos a la extorsión, el chantaje, el secuestro y hasta la muerte. EXPULSADOS Finalmente los priistas se decidieron y expulsar del partido al exdirigente estatal del organismo político, Manuel Martínez Garrigós y a la exsecretaria General del mismo, Georgina Bandera Flores, en el estado de Morelos. En la resolución del proceso sancionador iniciado en su contra desde hace varios meses, se acredita que los exdirigentes hoy expulsados “incurrieron en actos y omisiones graves que atentaron contra la unidad ideológica, programática y organizativa del PRI”. De acuerdo con los expedientes de dichas resoluciones definitivas correspondientes a los procedimientos sancionadores número CNJP-PS-MOR-053/2013 y CNJP-PS-MOR-054/2013, iniciados a petición de la militancia en el estado de Morelos, se comprobó que ambos exdirigentes afectaron el patrimonio de partido, al adjudicarse indebidamente bienes y fondos del mismo, por un monto superior a los 20 millones de pesos. Martínez Garrigós fue alcalde de Cuernavaca y durante su gestión dejó una enorme deuda, lo que motivó que sus aspiraciones para ser candidato al gobierno del estado se vieran frustradas. Como premio de consolación por ello, recibió la presidencia del partido y una candidatura al Congreso local, aunque se asegura que no quedó satisfecho y operó en contra del partido en los comicios del 2012. Email: [email protected] Email: [email protected]