RAMÓN ZURITA SAHAGÚN Podrá el recién nombrado comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, resolver el entuerto en que se convirtió esa entidad. Llega, eso sí, con todo el respaldo del gobierno federal y con la confianza del propio Ejecutivo, de quien fue uno de los funcionarios importantes durante la administración estatal en su paso por el gobierno mexiquense. Castillo fue Procurador General de Justicia, al término del sexenio de Enrique Peña Nieto y por la labor desempeñada fue sembrado como subprocurador general de la República. Su paso por la dependencia fue eficiente, por lo que ante los barruntos de tormenta en la Procuraduría Federal del Consumidor fue usado como bombero, para apagar el incendio provocado por la llamada lady Profeco y su padre, el entonces titular de la dependencia, Humberto Benítez Treviño. Castillo hizo un buen trabajo en su también breve paso por la Profeco, por lo que se ganó el nombramiento de bombero, del que ya había rendido cuentas en su fugaz paso por la titularidad de la PGJEM. La tarea que le toca ahora no es sencilla, pero arriba al cargo con todo el apoyo de las instituciones y la confianza hacía su trabajo. El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dejó en claro la encomienda de Castillo “no escatimar esfuerzo alguno a fin de recuperar la confianza de los michoacanos y entregar resultados completos”, comentó. Destacó que el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto para crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán; Alfredo Castillo como Comisionado será el encargado de coordinar las estrategias para restablecer las condiciones de seguridad. Tendrá dentro de sus facultades promover la coordinación de las autoridades estatales y federales, establecer mecanismos de coordinación con la PGR, determinará las acciones que las dependencias y demás autoridades federales desplegadas en Michoacán deban ejecutar. La tarea no es sencilla, desterrar la violencia en Michoacán y garantizar la tranquilidad de la población no parece cuestión fácil, como algunos creen. En Michoacán apenas se inicia el proceso de pacificación y durante esa etapa faltan todavía una serie de elementos que podrían acarrear enfrentamientos armados y derivar en saldos rojos, con muertos y heridos. Se equivocan quienes piensen lo contrario, ya que el gobierno federal está decidido al desarme de los grupos de autodefensa y erradicar a los grupos delincuenciales, asumiendo el costo que ello significa. Hay quienes ven dos grupos antagónicos en Michoacán, los buenos y los malos, representados por los grupos de autodefensa y los del crimen organizado, pero hay quienes analizan con mayor profundidad el fenómeno y advierten que detrás de unos y otros existe un gran financiamiento que habría que investigar de donde proviene. En Michoacán se insiste en que el que esté libre de pecado lance la primera piedra, en referencia a la probable colusión de autoridades y grupos de uno y otro bando, lo que derivó en el desastre en que se encuentra la entidad gobernada en el pasado por Lázaro Cárdenas del Río. Tres Presidentes de la República surgieron de esa entidad en el México moderno, el mencionado Cárdenas del Río, Pascual Ortiz Rubio y Felipe Calderón Hinojosa y una serie de gobernadores han formado parte de los diversos gabinetes presidenciales, desde 1930 a la fecha. Sin embargo, Michoacán sigue viviendo en el atraso, siendo uno de los principales estados expulsores de mano obra a Estados Unidos, mientras que la miseria asuela algunas de sus regiones. La presencia del narcotráfico no es nueva en el estado, ni tampoco se limita su crecimiento a las dos últimas administraciones estatales, ya que desde los tiempos en que gobernaba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se suscitó uno de los conflictos más severos en la relación diplomática con Estados Unidos. Es cierto que los datos realizados en la investigación remiten la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique, Kiki, Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Aguilar, al estado de Jalisco, pero los cuerpos fueron enterrados y encontrados en un rancho (El Mareño), dentro de territorio michoacano, según se dijo. Durante los gobiernos de Luis Martínez Villicaña y el interino Genovevo Figueroa Zamudio, se iniciaron los problemas con la oposición, dejando de lado la lucha contra el crimen. Eduardo Villaseñor ni siquiera pintó, luego de su controvertida elección y su sucesor, Ausencio Chávez, se concentró en fortalecer su grupo político, olvidándose de todo lo demás. Con Víctor Manuel Tinoco Rubí, surge la fuerza de los dos hermanos García Torres (Antonio y Jorge), uno secretario de gobierno y el otro procurador general de Justicia y comienzan las sombras de dudas sobre la actuación de estos personajes, oriundos de Zitácuaro, lugar de nacimiento del entonces gobernador. La fuerza desplegada por ambos, uno como operador político y el otro como operador policíaco, causó muchos dolores de cabeza, siendo entonces cuando se confirmó la fuerza de los grupos delincuenciales en la entidad. El otro Cárdenas, Lázaro, se desentendió del problema de los grupos criminales en la región y peor fue la situación con Leonel Godoy Rangel, sobre todo cuando se comprobó que uno de sus hermanos se encontraba coludido con los cárteles de la droga. Por eso, la encomienda del bombero Castillo no será sencilla, ni siquiera por contar con todo el respaldo del gobierno federal. GOBIERNO ANODINO Sin pena ni gloria rindió su tercer Informe de Gobierno en Tlaxcala, Mariano González Zarur. El tlaxcalteca es uno de los gobernantes más anodinos del país, cuyo recuerdo entre sus gobernados es por la mancuerna que hacía con Tulio Hernández en la década de los 80, cuando Tulio gobernaba a base de saliva y pulque. Email: [email protected] Email: z[email protected]