RODOLFO RUIZ R.

Metrobús, ¿Acciones que transforman?

En la segunda línea del Metrobús (RUTA) que correrá sobre la 11 Norte-Sur a los poblanos nos podrían dar gato por liebre, pues el sistema podría arrancar con autobuses articulados, repintados y con apariencia de nuevos, pero sólo en apariencia, pues en realidad se trata de unidades con varios años de servicio y que actualmente están siendo reparadas y rotuladas en el Estado de México.

Dichas unidades pertenecen o son parte de la Línea 1 del Mexibús, que recorre la ruta que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, en el Estado de México, y que fue concesionada a la empresa Transmasivo SA.

Los autobuses modelo Volvo 7300 BRT, con al menos cuatro años de antigüedad, vendrían a préstamo al estado de Puebla por un periodo de tres meses, a partir de que salgan a circulación, el próximo jueves 15 de enero, en que el gobernador Rafael Moreno Valle rendirá su cuarto informe de labores.

La mayoría de las unidades, que actualmente están siendo repintadas en un taller ubicado atrás de la Central de Abasto por la zona de Lechería, en la colonia Venta de Carpio, en Ecatepec, Estado de México, son articuladas.

La Línea 1 del Mexibús inició operaciones en la primera semana de octubre de 2010 durante el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

Y a ella pertenecen los autobuses articulados que vendrán a Puebla para la inauguración de la segunda línea del Metrobús, mismos que desde hoy lunes comenzaron a ser raspados y repintados para desaparecer las franjas en color rojo y verde claro y oscuro que llevan en sus costados y en la parte posterior.

Estas franjas actualmente son sustituidas con el logotipo de la Red Urbana de Transporte Articulado (Ruta) y, faltaba más, el logotipo del gobierno de Moreno Valle.

Dudas que matan: ¿Aclarará el gobierno del estado que estas unidades no son nuevas y tampoco propiedad de Ruta? ¿Qué pasará con los autobuses articulados después de tres meses? ¿Regresarán al Mexibús o la empresa Transmasivo SA? ¿Se quedarán en Puebla, a sabiendas que su vida útil no es mayor de cinco años? ¿Quién nos quiere dar gato por libre? ¿Estas son acciones que transforman o que sólo simulan una transformación?

Son preguntas, que conste.

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Amañadas subastas

Antes de que renuncie o pida licencia para contender por una diputación plurinominal, el secretario de Finanzas y Administración del estado, Roberto Juan Moya Clemente, tendrá oportunidad de demostrar qué tan comprometido está con el combate a la corrupción en su dependencia.

El secretario del gabinete morenovallista tiene ya en su poder todos los elementos para proceder en contra de su director de Bienes Muebles e Inmuebles, Marco Antonio Tlapanco Trujillo; la jefa de Departamento de Control de Bienes, Adelina Pérez Torres, y el analista de la dependencia, Martín Peñaloza Sarabia, por incurrir en delitos y prácticas contra la administración pública.

Estos tres funcionarios no sólo simularon un concurso por invitación a finales de diciembre de 2014, para vender por kilo 500 unidades de mototaxi, sino que exigieron dinero a un empresario para que éste fuera invitado a participar en la subasta.

De los hechos tiene pleno conocimiento el secretario de Finanzas, Roberto Moya, a través de un oficio suscrito por el empresario José Domingo Leal Pérez, al cual adjuntó fotografías y copias de otras invitaciones para acreditar su denuncia. Este fue recibido y sellado el pasado 9 de enero, como se puede ver en la imagen que se presenta a continuación.

Un par de oficios similares fueron entregados en la oficina del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y en la del contralor del estado, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz.

Las empresas convocadas por invitación al concurso fueron: Comercializadora Ostent, ubicada en la colonia Bosques del Pilar; Metales Reciclables del Sur, y Ferrosos y Metales de Oriente, las cuales por cierto tienen su domicilio a unos cuantos metros de la Secretaría de Finanzas sobre la calle 20 Sur.

Estas empresas ganaron en 2014 más de tres subastas organizadas por los mismos funcionarios, entre ellas las placas metálicas de identificación vehicular que el año pasado tuvieron que ser canjeadas por nuevas latas.

Los mototaxis, que debían venderse como chatarra para evitar que éstos volvieran a circular o que sus refacciones fueran reutilizadas, no fueron destruidos. Algunas unidades, que se veían en buen estado, salieron completas y en camionetas particulares; y otras fueron desmanteladas en las instalaciones de las antiguas oficinas de la Secretaría de Infraestructura, quitándoles todo lo que no fuera fierro o aluminio, como plástico, llantas, vinil y madera para que pesaran menos.

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