RODOLFO RUIZ R.

Madrina influyente

No cabe duda que el director de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, Eugenio Mora Salgado, está muy bien amadrinado, pues no hay poder humano que pueda removerlo del cargo a pesar de no reunir el perfil profesional requerido, ni cumplir con los requisitos legales exigidos por el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun).

El director de Desarrollo Urbano tendría que ser arquitecto, ingeniero civil, especialista en urbanismo o planeación territorial o urbana, y contar además con la acreditación de Perito Director Responsable de Obra o Corresponsable, pero es contador público.

Antes de nombrarlo sus jefes debieron revisar la legislación en la materia, y haber advertido al alcalde José Antonio Gali Fayad que el recomendado de la ex contralora Irma Patricia Leal Islas no reunía los requisitos establecidos en el artículo 661 párrafo tercero del Coremun, en su “Libro Tercero Acciones Urbanísticas y Edificaciones en el Municipio de Puebla”, que textualmente dice:

“Los Funcionarios del Ayuntamiento, de conformidad con el Reglamento Interior de cada Unidad Administrativa, que sean encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de este Capítulo deberán tener la calidad de Perito Director Responsable de Obra o Corresponsable. En caso de que no lo fuera en el momento de su nombramiento, contarán con un plazo de seis meses a partir del mismo para cumplir este requisito”.

Si así hubiera sido el alcalde Gali Fayad no tendría que lidiar con los problemas que hoy genera el desconocimiento y la inexperiencia del que fuera el último contralor en la gestión de Enrique Doger Guerrero, en la cual, por cierto, hizo historia al hacerse de la vista gorda con fraudulentas donaciones a Cáritas, por la supuesta enajenación —a precios ínfimos— de un centenar de autos chatarra, equipos de oficina, herramientas y otros bienes muebles en desuso que formaban parte del patrimonio municipal.

Problemas como el burocratismo y los largos plazos que deben sortear quienes, a diferencia de otros influyentes a los que autoriza la construcción de hoteles sin permiso de uso de suelo, tienen que gestionar ante la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla licencias para abrir un negocio, un restaurante, una tienda de autoservicio, una sucursal bancaria o una institución financiera.

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No lo cuente en voz alta pero entre los empleados y funcionarios de medio pelo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) es creciente el malestar no sólo por el trato que la administración morenovallista ha dado al quehacer cultural y artístico, sino por los descuentos, despidos y el hostigamiento laboral que sufren los trabajadores de base, sobre todo los mayores de 50 años.

La inconformidad por la decisión de reducirles a la mitad su sueldo, a cambio de que no fueran despedidos en diciembre pasado, podría en los próximos días destapar un escándalo de corrupción que involucraría al grupo traído por Luis Maldonado Venegas para operar esta entidad.

Entre ellos el coordinador general de Divulgación y Desarrollo Cultural, José Octavio Ferrer Burgos, y su operadora en materia de restauraciones y obra pública, María Teresa Cordero Arce, directora de Conservación Cultural.

En los próximos días daré más detalles.

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