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23 Ene 2015

Ángel Soriano

Acusaciones

 Durante las audiencias sobre seguridad y justicia que realiza la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los chihuahuenses César Duarte (PRI) y Javier Corral (PAN), intercambiaron acusaciones sobre ilícitos cometidos tanto por el gobernador priista como por el senador panista, todo al amparo del poder y bajo el manto de la impunidad, donde se cobijan los políticos de todos los partidos.

 Y es que la impunidad y el cinismo es la clave para el ascenso en la escala de poder y de enriquecimiento sin límites en el país, como ocurrió en San Raymundo Jalpan, en el Congreso local de Oaxaca durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, el destacado dirigente de Convergencia –cuyos colores anaranjados lucen las patrullas policiacas- en donde destacó que la entidad tiene los más bajos índices de delincuencia y es, en consecuencia, una de las más seguras del país.

 Sin embargo, el Congreso fue bloqueado por decenas de taxistas y policías inconformes con la gestión del funcionario y amenazaban con incendiar la lujosa camioneta blindada de Esteva, de la cual fue despojado su chofer, en demanda de su renuncia, lo cual demuestra la incongruencia entre el discurso político y la realidad social que vive el país; en Guerrero, el mismo gobernador, el izquierdista Rogelio Ortega, también fue despojado de un vehículo similar con la misma amenaza de que le prenderían fuego.

 Todo esto es consecuencia de la distorsión de la función pública y de la actividad política, pues en Chihuahua el mismo gobernador –como ocurrió con los magistrados del Poder Judicial del DF y de Coahuila- ha reconocido su participación como accionista de la banca local con dinero que pertenece al erario público, y pese a su dicho y a los testimonios que hay, todavía tiene el descaro de acudir al Congreso de la Unión para dar su opinión sobre justicia cuando se trata de una autoridad sin calidad moral, a menos que pruebe lo contrario.

 El mandatario chihuahuense afirma que los hermanos de Javier Corral están implicados en cárteles de la droga e incluso han sido procesados y que el senador que desestabiliza su gobierno lo que busca es proteger intereses familiares relacionados con la droga. Acusaciones van y vienen y todo sigue igual.

 Y no se trata sólo de delincuentes del orden común, sino también hay funcionarios o mandatarios que defraudan a la Nación o a su estado, no sólo porque abusan del poder y del erario, sino porque su manifiesta ignorancia no garantiza la buena marcha de la administración pública, como es el caso del chiapaneco Manuel Velasco, cuya incultura la demostró al recurrir a la violencia al ofender a una persona que merece trato digno, y todavía pretender justificarse con un dislate como aseverar: “fue un incidente accidental”.

 Al poder público deberían arribar personas con acreditado prestigio personal y autoridad moral, capacidad intelectual y administrativa, ejemplo de buena conducta y honestidad, para que las cosas marchen bien en cualquier región del país, y no “confundan” su función, como es otro caso el del mexiquense Alfredo Castillo, que luego de ser depuesto de su cargo en Michoacán, afirmó: No le fallé ni al Americano ni a Hipólito Mora, como si hubiese sido enviado a pactar o a servir a los delincuentes.

 Su encomienda era pacificar e impulsar el desarrollo de Michoacán, no alentar los enfrentamientos armados ni a disponer a su arbitrio de los recursos federales, estatales, municipales, de la delincuencia organizada y de todo aquello que le significara ganancia.

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