DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Despejando dudas
Casi 27 meses después, el Presidente Peña Nieto decidió nombrar un titular de una secretaría que se mantuvo acéfala desde el inicio de la actual administración sexenal.
La secretaría de la Función Pública es una de las tantas secretarías que han sido consideradas obsoletas, ineficientes y burocráticas, por lo que han amagado con desaparecerla desde hace varios años.
Creada en la administración presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado para investigar y sancionar los casos de corrupción en las entidades gubernamentales, se consideró como un bálsamo para las heridas dejadas por el gran desastre económico y de corrupción proveniente de la administración anterior, la de José López Portillo.
No fueron muchos los casos de importancia en que intervinieron los distintos secretarios que pasaron por esa secretaría llamada primeramente, secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Francisco Rojas Gutiérrez fue el primero de sus titulares, Ignacio Pichardo Pagaza, lo siguió y María Elena Vázquez Nava, resistió los seis años de la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Con Ernesto Zedillo Ponce de León fueron designados secretarios Norma Samaniego, primero y Arsenio Farell Cubillas, después.
Vicente Fox Quesada decidió imponerle el rimbombante nombre de secretaría de la Función Pública y fue nombrado como titular Francisco Barrio Terrazas, quien anunció que en su ejercicio se realizaría una gran pesca de personajes corruptos, lo que nunca sucedió.
Tanto fue el fracaso que Eduardo Romero Ramos ocupó la titularidad, cuando Barrio Terrazas fue designado coordinador de la diputación federal panista.
Con Felipe Calderón Hinojosa, tres titulares pasaron por esa dependencia, inicio Germán Martínez Cázares, siguió Salvado Vega Casillas y terminó Rafael Morgan Ríos.
Ninguno de los anteriormente mencionados es recordado por una acción efectiva que mostrará la utilidad de la dependencia.
Tan inefectiva resultó que el Presidente Enrique Peña Nieto decidió designar a un encargado de la secretaría, pero sin el rango de secretario, distinción que recayó en Julián Alfonso Olivas Ugalde.
Por fin, después de ese largo período, el Ejecutivo federal nombró a un secretario de la Función Pública, en la persona de Virgilio Andrade Martínez, ex Consejero Electoral del extinto Instituto Federal Electoral.
Sin embargo, la importancia del nombramiento de Andrade Martínez radica en la petición presidencial para que sea esa dependencia la que investigue si existió o no conflicto de interés sobre la compra de las casas de las Lomas de Chapultepec (Casa Blanca) adquirida por su esposa, Angélica Rivera; la de Ixtapan de la Sal, de su propiedad y hasta la de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, compras realizada a empresas con grandes contratos de obra por parte del gobierno federal.
Para tal efecto se convocará a un panel de expertos, que serán los encargados de dicha evaluación.
El Presidente aprovechó la ocasión para anunciar la implementación de ochos acciones para combatir la corrupción y evitar la presencia de conflicto de interés entre funcionarios de la administración pública federal.
Peña Nieto aclaró que en el ejercicio de sus funciones siempre se ha conducido con imparcialidad y apegado a derecho.
Se requiere de un enfoque moderno, que garantice con políticas públicas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados.
Por eso, anunció el Presiente Peña Nieto, el gobierno de la República solicitó la asesoría y el acompañamiento de la OCDE, que está a la vanguardia en las buenas prácticas para gobernanza.
