Guardan silencio ante tortura
Lucía PÉREZ Corresponsal El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcóatl Antonio, declaró que la investigación de la queja interpuesta por familiares del exdirector de la Policía Estatal Acreditable (PEA), Jorge López Pérez, podría durar poco más de tres meses, será hasta entonces cuando dé a conocer si existió o no tortura. Además, el ombudsman local se reservó su derecho a declarar respecto a la queja interpuesta por posible tortura contra el exservidor público acusado junto con otros seis expolicías estatales de cometer al menos cuatro secuestros exprés, al considerar que es un asunto “delicado”. Se cuestionó al presidente de la CEDH sobre los avances de la queja interpuesta por familiares del exmando policial e insistió que no podría hacer declaraciones a la ligera hasta en tanto no se cuente con las pruebas contundentes y científicas del caso. “Yo no sé por qué hay quien dice que si hubo tortura, yo respeto eso pero es muy delicado el asunto como para ahondar más, y en estos momentos no puedo decretar si hubo o no tortura eso se debe investigar, y para que demos resultados será hasta dentro de tres meses cuando los tengamos”, sostuvo. Mixcóatl Antonio recordó que la CEDH intervino a petición de los familiares, quienes en su momento argumentaron que los detenidos estaban incomunicados, por lo que acudió un visitador con los familiares, quienes pudieron tener el contacto con ellos y ser testigos de posibles casos de tortura o no. El ombudsman argumentó una y otra vez que no se podría pronunciar ni dar una declaración sobre este caso que lleva casi tres semanas a partir de la detención. Al insistir si la queja es por tortura, insistió en que no podría hacer declaraciones a la ligera hasta en tanto no se cuente con las pruebas contundentes y científicas del caso. Hace unas semanas fueron detenidas siete personas exintegrantes de la PEA, por participar en cuatro secuestros exprés en los municipios de Apizaco y Huamantla, sin embargo, solo los familiares de uno de los detenidos solicitó el apoyo de la CEDH. Por lo anterior, el personal de la CEDH en su momento acudió a las instalaciones del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apizaco, para verificar que se respetaran las garantías individuales. Puntualizó en que intervinieron a petición de los familiares, quienes en su momento argumentaron que los detenidos estaban incomunicados.
