Aquiles Montaño Brito Antier, 10 de marzo de 2015, fue detenido ilegalmente ¡por el secretario del ayuntamiento! el líder antorchista en Ahuacatlán, un municipio de la Sierra Norte de Puebla, Tito Ramírez García, quien encabezaba a un grupo de colonos, estudiantes y campesinos, que se presentó en las instalaciones del ayuntamiento con una petición muy concreta: hablar con el señor presidente municipal, Miguel Sebastián Santos, emanado del Partido Acción Nacional, para entregarle el pliego de peticiones y presentar al propio Ramírez García como el nuevo responsable del trabajo político que realiza nuestra organización en aquel municipio. La comisión no fue recibida por el edil, sino por el secretario del ayuntamiento, Jesús de la Luz Sánchez Cruz, quien no había terminado de leer las peticiones cuando le espetó en la cara al líder antorchista: “tú eres fuereño; aquí no necesitamos que vengan a organizar a la gente”. Obviamente, Tito Ramírez argumentó su derecho al libre tránsito y residencia en todo el territorio nacional, el derecho de los mexicanos a organizarse según convenga a sus intereses, el derecho de los ciudadanos de Ahuacatlán a pedir que sus demandas sean resueltas y, finalmente, la obligación de los gobernantes a escucharlos y resolverlas. Todo ello en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y razón por la cual querían hablar con el alcalde. ​ Pero nada de eso valió para el señor secretario general del ayuntamiento quien, fuera de sí y enfurecido, ordenó que, en el momento, el representante antorchista fuera detenido. Y así se hizo. ¿Bajo qué cargos? Nadie lo sabe; ni siquiera los propios verdugos, que por la noche debieron liberarlo. ¿Cuáles eran los lujos y tesoros desmedidos que los ciudadanos exigían y que desataron la furia del secretario del ayuntamiento? ¿Cuántos helicópteros, aviones, yates, viajes al extranjero pagados con el erario, dietas de millones de pesos, “casas blancas” y otras lindezas se atrevieron a pedir los colonos, campesinos y estudiantes, como para provocar la cólera de las señoras autoridades municipales de Ahuacatlán? Nada de eso; sus demandas eran más sencillas: vivienda digna, redes de agua potable y drenaje, remodelación de escuelas y algunos apoyos en despensas, láminas y al campo, que los ayuden a sortear un poco la difícil situación en la que viven. ​ Estas demandas apenas se corresponden con la realidad que vive el municipio. Veamos algunos datos. De acuerdo con un informe del año pasado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010 en Ahuacatlán vivían cerca de 15 mil personas, de ellas, el “87 por ciento del total de la población se encontraba en pobreza, de los cuales 45.7 por ciento presentaba pobreza moderada y 41.4 por ciento estaba en pobreza extrema”. Todos ellos indicadores de espanto y muy por encima de la media nacional. Más datos: “La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 95.7 por ciento de la población”. La lista sigue, dice el Coneval: “El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 44.5 por ciento” y “el porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 76.1 por ciento”, y detalla: Las “viviendas que no disponen de drenaje (45.4 por ciento del total), viviendas sin ningún bien (20 por ciento), viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (19.1 por ciento), viviendas con piso de tierra (18.1 por ciento), viviendas con un solo cuarto (9 por ciento) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (3.6 por ciento)”. Más aún: “La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 25.2 por ciento”. Además, “la condición de rezago educativo afectó 40.5 por ciento de la población” y el 72 por ciento de la población con edad superior a los 15 años tenía la educación básica incompleta. Y finalmente, sobre la salud, nos dice el organismo oficial: “El personal médico era de 20 personas”. La lista de rezagos es larga, pero no la detallamos en ahorro de espacio. ​ Quizá con pequeñas variaciones (los datos pudieron empeorar dadas las condiciones del país), éste es el municipio que a principios de 2014 recibió el presidente municipal Miguel Sebastián Santos. Por tanto, su deber, como muy seguramente prometió en campaña, era comenzar de inmediato a trabajar para revertir la pobreza en la que vive la mayoría de la población. Y en esa labor, aunque al señor “secretario general” del ayuntamiento le revuelva el estómago, puede jugar un papel decisivo el Movimiento Antorchista, porque éste conoce a la perfección las carencias de los pueblos en donde hace trabajo y cuáles deben ser resueltos primero según quienes las padecen. Pero resulta que, como buenos dictadores de huarache, ven en la organización de la gente y en su educación, no una herramienta útil para sacar al municipio del tremendo rezago en que se encuentra, sino una amenaza a sus intereses de grupo y un estorbo para que la mafia que han creado haga y deshaga a su antojo sin tener que dar cuentas a nadie, que es precisamente lo que ha llevado a que Ahuacatlán sea uno de los municipios más pobres de la Sierra Norte de Puebla, como lo demuestra un organismo tan importante como el Coneval. ​ Y todavía, pasándose por el arco del triunfo la Carta Magna, conculcan y hacen nugatorios, por la vía de la represión y la cárcel, al más puro estilo de los caciques paleolíticos, los derechos a la organización y la manifestación pública, que son, en el México actual, las únicas armas efectivas que tiene el pueblo pobre cuando se decide a luchar por una vida mejor, aspiración justa y legítima dado que ya ha ofrendado sangre y sudor a la creación de la riqueza nacional, y de lo que se trata ahora es de repartirla equitativamente. ​ ¿Cuántos funcionarios mexicanos, al amparo de la impunidad, actúan exactamente igual que el “señor secretario” de Ahuacatlán? ¿Cuántos más conculcan las leyes mexicanas? ¿Cuántos se ofenden cuando la gente se organiza para pedirles agua potable, vivienda digna, escuelas, etcétera? ¿Cuántos más estallan en ira ciega cuando se les exige que desquiten el salario que, por cierto, es pagado con los impuestos de los ciudadanos? Para como está México, es seguro que son bastantes. Pero es necesario parar, de inmediato, esa política, antes de que sea demasiado tarde y la olla de presión reviente. La solución, señores gobernantes, está en su cancha.