Se echan la bolita por caso de tortura
TLAXCALA Lucía PÉREZ Corresponsal La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se declaró incompetente para atender las quejas por tortura que presentaron el exdirector de la Policía Estatal Acreditable (PEA) y siete expolicías operativos en contra de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado por supuestamente usar esos mecanismos para obtener declaraciones de los acusados de cometer el delito de secuestro. En este caso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcóatl Antonio, dio conocer que apenas la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó al organismo local que no es de su competencia la revisión de la queja conjunta por tortura, promovida por los siete expolicías estatales. De esta manera, será la CEDH el encargado de aplicar el Protocolo de Estambul para confirmar o descartar que José Jorge López Pérez, quien fungía como director de la Policía Estatal Acreditable; Juan Carlos Yañez Osorno, quien se desempeñaba como delegado de esa corporación en Apizaco, y cinco agentes más, fueron torturados por la Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado para declararse culpables del delito de secuestro. “Estamos preparados para aplicar el Protocolo, solo que el propio manual para la investigación de estos supuestos nos da términos, por lo que en su momento nosotros hemos notificado a quienes se van a someter a esta prueba para que se lleve a cabo, un principio que habla de este protocolo es la celeridad y nosotros nos basamos en ello”, mencionó el ombudsman tlaxcalteca. También, precisó que será en cuestión de 30 o 45 días cuando la CEDH de a conocer algún resultado de esa manera técnica de comprobar cuando una persona es víctima de tortura. En tanto, Mixcóatl Antonio dijo que “se desarrollan otras diligencias que por obvias razones no puedo mencionar, nosotros como comisión lo que buscamos son evidencias y una vez que tenemos una problemática nos marcamos una ruta crítica para la recopilación de evidencias”. Fue el 22 de enero cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado detuvo a siete miembros de la PEA entre ellos a su director, quienes eran investigados por el delito de secuestro, en concreto por cuatro casos cometidos en los municipios de Huamantla y Apizaco, situación por la cual dos días después fueron consignados ante un juez. Hasta el momento los siete expolicías estatales permanecen internados en uno de los Ceresos de Tlaxcala, en espera de que el juez dicte los años que permanecerán en la cárcel por la comisión del delito de secuestro, aunque se sabe que algunos ya interpusieron un amparo con la justicia federal alegando que fueron víctimas de tortura y que no tuvieron un debido proceso.
