Arrancan elecciones con dirigencias y grupos divididos Apostarán por la judicialización del proceso Estrategia general de los partidos: documentar despilfarros El presidente de la Repú­blica, Enrique Peña Nieto, encabezó el acto en el cual se entre­garon cartas de naturalización a extranjeros que han obtenido la nacionalidad mexicana, trámite que se inicia en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que actúa como ven­tanilla, pero cuyo dictamen lo otor­ga realmente la Secretaría de Gobernación a través del muy cues­tionado Instituto Nacional de Migración (INM). En el evento sólo vimos personas de razas caucási­cas (blancos) bien parecidos, las “nuevas” mexicanas parecían de casting, con la presencia de un solo hombre de raza negra (hoy dirán “afromexicano”), curiosamente no apareció ninguno de tantos centro­americanos de condición humilde que reciben de manera casi oculta sus cartas de naturalización en las delegaciones estatales de la SRE, lo cual habla de una franca discrimi­nación... Pero si ya la elitista Can­cillería mexicana a cargo de José Antonio Meadetiene esos desli­ces, se acaba de meter en un tre­mendo lío al criticar al relator espe­cial de la ONU, Juan Méndez, quien en su informe denunció que en México la tortura es una prácti­ca generalizada por parte de los cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, lo cual quiere decir que desde la Policía Federal, la Gendar­mería, el Ejército, la Marina-Arma­da, las policías estatales, las muni­cipales, las “autodefensas” y todo grupo oficial y oficioso que practi­ca detenciones, también practican la tortura. Juan Méndez puso en un aprieto no sólo al canciller Meade, sino al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, añadien­do a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Luis Raúl González Pérez, el mismo que prometió ser un “ombudsman incómodo”, y a las comisiones estatales, pues un rela­tor foráneo vino a poner el dedo en la llaga e incomodó a una parte sen­sible del gabinete. Será el subsecre­tario Juan Manuel Gómez Robledo quien tendrá que dar la cara y su trayectoria puede compli­carse... Pero si ya la SRE se está metiendo en problemas internacio­nales, en las delegaciones de los estados cada vez complican más el trámite de pasaportes. La Semana Santa, como todos los años, permi­tió movilizaciones de viajeros y turistas en el interior del país, pero esta vez el gobierno federal ha man­tenido un bajo perfil para no exa­cerbar la percepción negativa que ha tenido entre la población que un día sí y otro también critica el papel de funcionarios como Luis Vide­garay Caso, el secretario de Hacienda que anunció otro recor­te para 2016, esta vez por más de 135 mil millones de pesos, que repercutirán en menos gasto públi­co, menos inversión, menos empleos y un panorama que ensombrecería más la muy deterio­rada imagen del gobierno del pre­sidente Peña, de quien se espera ya un “golpe de timón” para restaurar la confianza popular… En Puebla, los comicios federales arrancaron en medio de una serie de divisiones internas en los tres partidos políti­cos con los votos duros más gran­des en la entidad: PRI, PAN y PRD. El trío enfrenta un problema común: sus dirigencias estatales se encuentran distanciadas o confron­tadas con los grupos reales de poder. El caso más evidente es el de Rafael Micalco Méndez, presi­dente estatal del blanquiazul, quien mantiene una abierta pugna con los operadores del morenovallis­mo, los mismos que se encargaron de tomar el control total del blan­quiazul y relegaron al dirigente for­mal panista que actualmente es la cabeza pública de la Organización Nacional del Yunque. Este grupo confesional, en el que se encuen­tran adheridas las familias custo­dias y cuadros históricos del panis­mo, comprobó bastante tarde que su apuesta de tomar el control del gobierno del estado significó per­der al partido político. La pugna, además, arreció con la decisión de Micalco Méndez por presentar una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la afiliación masiva al PAN, piedra angular la estrategia more­novallista en aras de mantener el control del instituto y prepararse ante una posible contienda interna para la elección del próximo candi­dato a la presidencia de la Repúbli­ca. Hace unos días, se confirmó que otro yunquista, el regidor Juan Car­los Espina Von Roerich, también acudió al órgano electoral para pre­sentar un recurso sobre la misma acción… En la casa de enfrente, la lideresa estatal priista, Ana Isabel Allende Cano, también enfrenta el rechazo de diferentes candidatos y sectores, quienes le reclaman su cerrazón política, carencia de apo­yos o, por el contrario, prefieren ignorarla ante la seguridad que la designación obtenida no fue pro­ducto de su venia sino de los ama­rres alcanzados por ellos mismos en el Comité Ejecutivo Nacional. De hecho, es la dirigencia nacional, a través de los emisarios de César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, presidente nacional y secretaria general res­pectivamente, quienes se encuen­tran en contacto directo con los abanderados y dictando la línea dis­cursiva, política y de acción que deben acatar. Con ellos, además, es con quienes mantienen la negocia­ción para la bajada de recursos y apoyos hacia las campañas. Todo parecía indicar que Allende Cano lograría aglutinar una buena parte de la estructura priista debido a que su llegada al Comité Directivo Esta­tal del tricolor fue producto de una serie de amarres y acuerdos con los principales grupos locales, pero al final la dirigente terminó desdibu­jada en el mapa estatal. Otro factor que influyó de manera determinan­te fue la reaparición del exgoberna­dor Mario Marín Torres, quien se mantiene con una alta actividad proselitista en la entidad, situación que terminó por resultar contra­producente, ya que muchos priis­tas prefieren acudir con el exman­datario para alcanzar acuerdos en lugar de negociarlo directamente con Allende Cano… En el caso del PRD, la historia es la misma de siempre: las tribus coexisten y des­truyen a la vez a su propio partido. Socorro Quezada Tiempo, actual dirigente estatal, forman parte del Frente Amplio Progresis­ta, encabezado a nivel nacional por el senador poblano Luis Miguel Barbosa Huerta. A pesar de ser la corriente mayoritaria y la que controla la asamblea estatal, en los hechos otras tribus como Nueva Izquierda, conocida como Los Chu­chos, pelean por acrecentar su influencia al interior del sol azteca. En Puebla, dicha expresión la comanda el secretario general de Gobierno con licencia, Luis Mal­donado Venegas, cuya enco­mienda es no sólo convertir en una franquicia morenovallista al PRD poblano sino también fortalecer el proyecto morenovallista rumbo a la elección presidencial del 2018. Socorro Quezada, hasta el momen­to, ha quedado en medio de una serie de intereses que se dictan des­de Casa Puebla, pero también tie­ne que hacer frente a las históricas pugnas internas con corrientes como Alternativa Democrática Nacional o Izquierda Democrática Nacional… Ahora que arrancó el proceso electoral, muy descolorido por cierto, nos encontramos frente a una elección en donde las estruc­turas y movilización en el día de la jornada serán las claves del triun­fo; es un proceso en donde la baja participación ciudadana y el des­interés son una constante. Sin embargo, a diferencia de otras oca­siones, los candidatos de todos los partidos se enfrentan a una de las contiendas más fiscalizadas en la historia del país, de ahí que tanto los partidos y sus abanderados optaron por asumir una postura bastante cauta en función de con­centraciones masivas y desplie­gue de recursos que demuestren fortaleza. La razón es sencilla: entre todos se están vigilando, porque un error del adversario es una oportunidad para judiciali­zar los comicios. Así pues, en esta elección los esfuerzos estarán orientados en diferentes vertien­tes: 1) La auditoría de las estruc­turas de promotores al voto y per­sonas promovidas, que son los responsables de aglutinar a aque­llos ciudadanos que deberán ser llevados a las urnas a emitir su sufragio. Todos los partidos, esti­mado lector, sabe con precisión cuántos votos requiere para obte­ner el triunfo, de ahí que su ejér­cito de promotores es fundamen­tal para cumplir la tarea, pero se corre el riesgo de incluir perso­nas inexistentes si no existe una supervisión de las listas entrega­das. 2) El robo de estructuras. En la medida que un candidato logre arrebatar líderes políticos a sus contrincantes mermará su fuer­za electoral. 3) La documentación de todas las anomalías ligadas al dispendio de recursos. Los aban­derados cuentan con un tope de gastos de campaña de 1.2 millo­nes de pesos, pero a eso hay que disminuir gastos de operación propios y, en realidad, sólo tie­nen disponibles algo así como 10 mil pesos diarios para gastar, lo que hace prácticamente imposi­ble la tarea. De acuerdo con ver­siones extraoficiales, sacadas de las cañerías de la política, una contienda electoral para diputa­do federal tiene un costo prome­dio de 15 millones de pesos, es decir, 10 veces más de lo permi­tido por la ley. A esto se suma la decisión del Instituto Nacional Electoral, que en Puebla encabe­za, Luis Zamora Cobián, de imponer una férrea fiscalización de los recursos, de ahí que muchos candidatos encontraron una oportunidad y un riesgo inigua­lable. Los priistas, por ejemplo, basaran una buena parte de su estrategia en documentar todo el dispendio de recursos a manos de los candidatos del PAN, en su mayoría morenovallistas, toman­do en cuenta que se enfrenta a una elección de estado. Sin embargo, le puedo decir de muy buena fuen­te que los panistas contarán con un ejército de notarios en la enti­dad que ofrezcan documentales públicas sobre supuestos actos de campaña. Las primeras acciones han sido dar fe de la compra de bardas para propaganda política de los priistas e incluye los testi­monios de los propietarios de los inmuebles y el aval del fedatario público… Y, hasta la próxima. [email protected]