Carlos Ramírez En la caseta de cobro federal de Huitzo, Oaxaca, maestros autoidentificados como de la Sección 22 y defensores de los 43 normalistas secuestrados por el alcalde perredista de Iguala el fin de Semana Santa se apoderaron del paso de vehículos y cobraron una cuota de 100 pesos a cada auto, aunque la tarifa oficial es de 25 pesos. Pero el asunto en realidad no ha sido nada más de tarifas. El gobierno federal se había comprometido a impedir que personas u organizaciones asumieran el control de casetas de carreteras federales y cobraran el impuesto respectivo por el uso de la autopista. Al cobrar una cuota para permitir el cruce de vehículos los maestros de la 22 cometieron el delito de extorsión: un pago obligatorio a cambio de un servicio. Lo malo es que la toma de casetas sigue siendo una normalidad en las autopistas que llevan a Oaxaca. Y si el gobierno de Gabino Cué Monteagudo es cómplice de las extorsiones por permitir que maestros de la Sección 22 violen la ley, en las carreteras el delito es federal pero sin que hasta ahora el gobierno de la República aplique la ley e impida que los ciudadanos sufran de la extorsión ilegal de una organización social identificada. La responsabilidad federal en el caso de la Sección 22 abarca también el tema de los salarios por trabajo realizado. La reforma constitucional de 2013 había logrado impedir que los maestros cobraran sus salarios sin haber cumplido las labores para las que fueron contratados, pero las movilizaciones en la Ciudad de México ablandaron la autoridad federal. Para impedir las protestas en el Distrito Federal, el gobierno federal ha pagado salarios y prestaciones aunque al final los maestros disidentes han continuado con sus protestas callejeras. El fondo del asunto se encuentra en la aplicación de la ley o en la negociación de la ley. Los maestros normalmente arriban a la ciudad en camiones secuestrados, convirtiéndose en delincuentes. Asimismo, declaran paros de labores al margen de lo establecido por la ley del trabajo. Y aún así, la Secretaría de Gobernación autoriza el pago de salarios que la Secretaría de Educación Pública se niega a realizar por trabajo no prestado. La Sección 22 se ha convertido en el dolor de cabeza de funcionarios federales, a pesar de contar con la asesoría de políticos priistas oaxaqueños que controlan sus actividades. Por sí solos, los líderes de la 22 apenas pueden con acciones radicales sólo para mantener sus posiciones de poder. Pero hasta ahora, todos los líderes han carecido de un enfoque estratégico. Inclusive, la asesoría de guerrilleros tampoco les ha dado para acciones que vayan más allá de mantener su protesta con paros de labores y movilizaciones para el pago de salarios y bonos. Luego de la decisión del presidente Felipe Calderón en 2009 para disolver Luz y Fuerza del Centro y dejar sin empleo a 45 mil trabajadores del SME por su radicalismo que tenía quebrada a la empresa, el gobierno federal priista no se ha atrevido a encarar con decisión y autoridad la crisis de maestros que cobran por desarrollar su lucha sindical y no por dar clases. El liderazgo real de la 22 no pasa de una veintena de activistas y en total habría menos de 100 dirigentes con funciones de movilización. El grueso de los maestros es prácticamente obligado a participar en las movilizaciones porque el encargado de pagarle sus cheques en el Instituto de Educación Pública del Estado es de la 22: O marchan y protestan o no cobran. En lugar de aplicar la ley a la Sección 22, el gobierno federal ha quedado convertido en rehén del activismo. El caso de Luz y Fuerza y el SME demostró que el Estado tiene la capacidad y la autoridad para poner un límite al activismo sindical de trabajadores al servicio del Estado. Sólo es cuestión de aplicar la ley y no firmar minuta tras minuta que los maestros no respetan. [email protected] @carlosramirezh