| Grupos de derechos humanos advierten que iniciativa de la senadora Sinaí del Rocío Parra elimina la prevención de este delito; señalan que desconoce del tema y del impacto en la sociedad TLAXCALA Lucía PÉREZ Corresponsal Las organizaciones impulsoras de la iniciativa popular contra la trata de personas calificaron como un grave retroceso la propuesta de reforma a la ley estatal presentada por la diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández, pues desde la exposición de motivos se observó que posee un desconocimiento total sobre el tema, evita la prevención y busca debilitar al consejo estatal, denunciaron. En conferencia de prensa, las organizaciones sostuvieron que la propuesta de reforma a la Ley Estatal en Materia de Trata de Personas en Tlaxcala no debe ser motivo para ignorar la realidad, pues está pendiente que el gobierno estatal enfrente esta grave problemática, sostuvo la directora del Centro “Fray Julián Garcés”, de Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, María Guadalupe García Vargas, en referencia a la iniciativa presentada por la diputada local. Además, recordó a la legisladora del PRI que “homologar una ley no es un proceso de cortar y pegar, sino de mejorar las garantías para las personas respetando una serie de principios, entre ellos los de progresividad y pro persona”. La activista subrayó que la diputada pretende modificar el nombre al argumentar que se deben abarcar los lineamientos de la ley federal en la materia y propone el título de Ley para la Atención Integral de la Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala, y así quitar el rubro de la prevención, sin embargo, se sabe que en la entidad los niveles en la comisión del delito son altos y resulta indispensable el aspecto de la prevención. “Todo este logro de lucha contra la trata de personas en Tlaxcala es fruto de la ciudadanía. Se logró que se conformara un consejo estatal contra la trata de personas y en esta propuesta que hace la diputada lo desconoce y en su propuesta dice que se debe crear el consejo cuando ya existe, otra es que dentro de ese consejo está la participación de cinco organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos con voz y voto, y ella lo que hace es quitarle el voto a la ciudadanía, y por esto es que se caracterizan los gobiernos antidemocráticos”, explico la directora del Centro “Fray Julián Garcés”. “Las leyes no pueden ser progresivas en la defensa de los derechos humanos y lo que buscamos es que se respeten los logros que la sociedad civil ha conseguido a través de una lucha de años en Tlaxcala, pues en 2009 se legisló en la materia para que la trata de personas fuera considerado un delito grave”, dijo la defensora de derechos humanos. Indican deficiencias en propuesta La representante sostuvo otras especificaciones que la legisladora local no tomó en cuenta para presentar la iniciativa, como la complicidad de funcionarios públicos con las redes de tratantes, situación que se confirmado con la detención de autoridades municipales acusados de este delito; las redes de tratantes tlaxcaltecas que mantienen una operación nacional e internacional, pues algunos de los tratantes más buscados en Estados Unidos son de origen tlaxcalteca. Cabe señalar que el actual gobierno recibió 178 denuncias por trata de personas en el periodo 2011 a 2014, de ellas sólo 11 lograron una sentencia, por lo cual, grupos de derechos humanos registraron que pese a la presentación de denuncias falta el acceso a la justicia. En la exposición de motivos, dijo García Vargas, la diputada señaló que un foco rojo en cuanto a este delito es el municipio de Tenancingo, por lo cual minimizó las acciones de las redes de trata que operan en gran parte de los municipios del sur, situación que aumenta al paso del tiempo. Además, sostuvo que de acuerdo con el Diagnóstico de Percepción Ciudadana sobre Trata de Personas en Tlaxcala, realizado por el Centro “Fran Julián Garcés”, se reconoce que esta problemática sucede en 35 municipios del estado. La iniciativa popular contra la trata de personas solicitó a la diputada generar espacios de discusión con la participación de la sociedad civil para enriquecer la iniciativa de reforma, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta. En la conferencia de prensa se presentaron como representantes los integrantes del Centro de Economía Social “Julián Garcés”, Albino Martínez Plasencia; Casa de Atención a la Familia Migrante, Rosa Romero, y por el Comité de Derechos Humanos “Luis Munive y Escobar”, Ivonne Bagnis Rivadeneyra. |
