Jueves 24 de Septiembre de 2015
JESÚS REYES HEROLES* Hace unos días, el director general del Instituto Poli­técnico Nacional (IPN) anunció que propondrá al Consejo General Consultivo establecer un “pase reglamentado” de las vocacio­nales de esa institución a sus niveles de educación superior. En otras enti­dades de educación media superior se ha observado que cuando se presentan demandas de los estudiantes que des­embocan en conflictos, éstos se “resuel­ven” con concesiones que debilitan los mecanismos de evaluación de los estu­diantes. Dada la diversidad de instituciones y situaciones que se presentan, es difícil determinar qué está sucediendo con la educación media superior en México. Cada una es tan distinta en su opera­ción y estructura que es difícil precisar cuál es la política del país en la materia. De hecho, en la propia reforma educa­tiva quedó pendiente este tema. Esta indefinición se vuelve defini­toria del sistema. Las principales ins­tituciones de educación media supe­rior están adscritas a otras de educa­ción superior, por ejemplo las Prepa­ratorias y CCH a la UNAM, y las voca­cionales al IPN. Las universidades privadas no están exentas de este proceso, tan contrapro­ducente para la calidad académica. Un antecedente relevante es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a cuyas preparatorias otor­ga “pase directo” al nivel profesional. Entonces, cuando otras instituciones “compiten” por reclutar estudiantes, las obliga a que ofrezcan “pase auto­mático” a ciertas preparatorias, públi­cas y privadas. Es preocupante que mientras uno de los elementos centrales de la refor­ma para mejorar la calidad de la edu­cación básica es fortalecer la evaluación del desempeño del personal docente y de sus estudiantes, en el otro extremo del sistema educativo nacional la ten­dencia sea la inversa. Esto es aún más contraproducente en la medida que la última evaluación del INEE sobre los aprendizajes en la educación media superior indica que sólo 36 por cien­to de los estudiantes de último grado de ese nivel cuenta con las habilidades cognoscitivas en lenguaje y comunica­ción. El 43.3 por ciento no puede rela­cionar información de textos con cono­cimientos previos o establecer relacio­nes causa-efecto. En matemáticas, la situación es más grave, pues sólo 18.8 por ciento de los educandos del último grado cuenta con las habilidades mínimas necesarias. Además, 52.3 por ciento sólo pueden resolver problemas con números ente­ros, es decir, que no pueden realizar operaciones con fracciones o porcen­tajes, ni resolver problemas que plan­teen alguna ecuación. De quienes ingresan a la UNAM, los mejores son quienes lo hacen mediante examen de admisión, no por pase reglamentado. 42.7 por ciento de quienes ingre­saron por concurso en 2014 presentaron al menos un examen extraordinario durante su educación media superior, mientras que ese es el caso de 61.4 por ciento de quienes ingresaron por “pase directo”. El argumento del director general del IPN para sustentar su propuesta de pase reglamentado es contrarrestar la corrupción del proceso de admisión. Entonces, la solución no es entrenar al cirujano, sino dejar morir al paciente. La argumentación de quienes defienden el “pase automático” es que, siendo la institución responsable de la “calidad” de la enseñanza media supe­rior, entonces no se justifica que por un examen de “admisión” pueda rechazar­se a un egresado de la media superior que haya sido aprobado. Y esa argu­mentación se repite y se repite. La narrativa de este asunto en el país deja claro que, una vez que una insti­tución de educación media superior queda “adscrita” a una institución de educación superior, se desata un pro­ceso para gradualmente limitar, redu­cir e incluso eliminar los exámenes de admisión a la institución profesional correspondiente. La política nacional en la materia está pendiente. *Economista