Viernes 18 de Diciembre de 2015 |
| ALEXANDRA HAAS* Una mujer no obtiene un empleo “porque está embarazada”; una persona de 63 años no lo obtiene “porque ya está grande”; una persona con discapacidad tampoco obtiene un empleo porque “no va a poder”. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo en México, en la práctica cotidiana, las oportunidades laborales se restringen a un grupo determinado y reducido de personas. Se les niega a muchos otros grupos el derecho a trabajar, “a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” y a contribuir al desarrollo del país. Se niegan estos derechos y oportunidades por la incapacidad que tenemos de superar creencias, prejuicios y estereotipos, y no por criterios objetivos. En México la discriminación es estructural en dos sentidos: el primero porque se construye sobre la base de actos cotidianos repetidos e invisibilizados, y el segundo, porque desde esa normalización se han creado normas y políticas y se han fundado relaciones discriminatorias. Discriminamos todos los días, quizás sin conciencia de ello, en todos los ámbitos de la vida nacional –al seno de las familias, en la escuela y en los lugares de trabajo. El sexo de las personas, su edad, sus condiciones de salud, su pertenencia étnica u origen nacional, su condición social o económica, si están embarazadas, si hablan otro idioma, si practican otra religión, si tienen opiniones distintas a la propia o una orientación sexual distinta a la heterosexual, su estado civil, todos siguen siendo considerados motivos válidos para restringir o impedir el acceso de alguna persona a un trabajo. ¿Cuál es la relación de estas características con el desempeño laboral? Ninguna, en principio. Salvo que se parta de la premisa de que sólo hombres heterosexuales, sin VIH, menores de 50 años, casados, provenientes de universidades privadas y que no sean ni indígenas ni extranjeros son competentes para trabajar. Todas estas ideas preconcebidas están fundadas en mitos y no en datos. De acuerdo con un estudio de 2014, por ejemplo, una mayor diversidad de género en la gestión de las empresas coincide con un mejor desempeño financiero y altas valoraciones bursátiles. Sin embargo, las empresas mexicanas siguen castigando a las mujeres en el mercado laboral. Hoy, México cuenta con una población en edad de trabajar compuesta por 47.5 por ciento de hombres y 52.5 por ciento de mujeres. Sólo 38 por ciento de las mujeres (en comparación con 61.9 por ciento de hombres) forman parte de la población económicamente activa. Habrá mujeres que decidan no buscar trabajo por decisión voluntaria. Pero ante la realidad de que las mujeres que sí trabajan, trabajan más horas y ganan menos dinero en promedio que sus pares hombres, tampoco hay grandes alicientes para ingresar al mercado laboral. Si se suma a ello que todas las flechas apuntan a que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de padres y madres, hijos e hijas, –aunque también es un error no reconocer la contribución económica de las mujeres a la economía por esta vía- lo que hay en México no es un techo de cristal sino una muralla de cemento que impide que las mujeres ingresen y se mantengan exitosamente en el mercado laboral. Hoy, entra en vigor una poderosa herramienta de cambio: la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, que establece claros parámetros de conducta que todos los centros de trabajo, públicos y privados pueden implementar para ser más incluyentes y sacarle el máximo provecho a la diversidad del país. El sector público, el privado y las asociaciones civiles, están invitados a certificarse en prácticas de igualdad laboral y no discriminación, que no solo favorece atraer y retener a más y mejor talento, sino que está comprobado elevan los niveles de productividad y apoyan la consecución exitosa de sus objetivos institucionales o de negocio. En un país que verá su bono demográfico revertirse en 10 años, y que observa paulatinamente el envejecimiento de su población, la inclusión laboral es urgente, por un imperativo constitucional, pero también en la consecución de los fines de desarrollo que el país se ha planteado. Si se busca competir globalmente, se requiere transformar la manera en la que se piensa en la fuerza laboral, es decir, dejar de lado estereotipos sobre quienes pueden realizar qué tareas y empezar a adecuar las instituciones y las políticas para incluir a las personas y aprovechar sus talentos, y así responder a los retos de una nueva era para el desarrollo. La discriminación en el trabajo es la queja más frecuente que ha recibido el Conapred desde 2011 con un total de 2 mil 42 casos relacionados con embarazo, condición de salud, género, apariencia física y discapacidad, como motivos principales de queja en el ámbito laboral. El problema no es marginal sino central al devenir de la Nación. Si no se crean condiciones estructurales de inclusión económica no habrá manera de competir en la economía global, no habrá manera de desarrollarse, no habrá manera de mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. *Presidenta de Conapred |
