Por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya actuación como árbitros de la contienda está dejando mucho que desear.

Tanto que entre éstos han comenzado las rivalidades y grillas internas por la actuación unilateral del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga en varios asuntos, la fuga de información supuestamente confidencial, y la injerencia de personajes ajenos al Instituto –como el ex secretario ejecutivo Miguel David Jiménez López y otros operadores morenovallistas– en casos controversiales.

Los consejeros saben que sus últimas decisiones, algunas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad como la de suspender las prerrogativas al PRD por la ausencia de plataforma electoral, les han restado legitimidad, y que si esta situación continúa corren el riesgo de perder autoridad y no llegar a las elecciones del 2018.

Los resolutivos de la Sala Superior del TEPJF se veían venir. Era obvio que los magistrados del Tribunal Federal iban a darle la razón al PRD, que se inconformó por la suspensión de sus prerrogativas (por un monto de 9.9 millones de pesos) por supuestamente no contar con plataforma electoral, luego que la originalmente registrada fue invalidada.

También era lógico que los magistrados federales echarían abajo el acuerdo de validar en campo las firmas de apoyo obtenidas por Ana Teresa Aranda para obtener su registro como candidata a la gubernatura, toda vez que esta no es una atribución o facultad del IEE, que el Código Electoral no establece que las firmas tengan que verificarse en los domicilios de quienes las otorgaron y que tal actividad nunca se incluyó en el protocolo de los consejeros para aprobar o rechazar las candidaturas independientes.

El recurso promovido por el aspirante a candidato independiente Ricardo Jiménez Hernández, para dejar sin efecto el candado de territorialidad que introdujeron los consejeros del IEE, era obvio que también iba a ser aprobado.

Si el TEPJF ya había echado abajo ese requisito extralegal en el juicio que promovió Ana Teresa Aranda, ¿por qué esta misma resolución no tendría que beneficiar a Ricardo Jiménez? Los magistrados federales no lo entienden, pero comienzan a sospechar --por los asuntos que han tenido que resolver en los últimos días-- que tal situación obedece a la falta de independencia de los consejeros y magistrados locales electorales.

Para contextualizar esta afirmación sólo hay que recordar que el TEPJF ha resuelto –además de los tres casos anteriores– validar la renuncia que presentó Ana Teresa Aranda como militante del PAN y el registro de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura, avalar la nominación de Blanca Alcalá Ruiz como abanderada del Partido Encuentro Social (PES) bajo la figura de candidatura común y la exigencia del magistrado Jorge Sánchez Morales de que su sueldo se homologue con el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En términos futbolísticos diríamos que los consejeros y magistrados locales pierden por goliza, y todo por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna.

@periodistasoy