De acuerdo con las múltiples pifias de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, claro nos queda que sociedad civil, jueces, ministerios públicos y autoridades policiacas no llegamos juntos, porque, como suele acontecer en nuestro país, los recursos no se aplicaron en su justa dimensión y sólo se hizo un gran alarde publicitario.

No obstante que desde el 8 de junio de 2008, en el estado los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron acuerdo de coordinación e instalación para la implementación y más aún que de 2010 a 2014, la Federación, por conducto de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia entregó a Puebla subsidio en el orden aproximado a 94 millones 500 mil pesos, monto que ha sido prácticamente triplicado.

El nuevo sistema es de suyo un conjunto de procesos transparentes y eficaces para reducir la enquistada corrupción que derrumba a toda una nación, aspecto este inentendible para una clase política acostumbrada al saqueo y, a encontrar en las grandes obras y proyectos la opción de allegarse de recursos. Por tanto, lejos está nuestra clase política de afrontar con probidad y honradez un esfuerzo relevante que conlleva riesgos, empero que representa la construcción de un moderno Estado de Derecho.

Los desaciertos que se enfrentan en Puebla tienen su origen en un básico equívoco, esto es, en la implementación gradual e inicial de dicho sistema en zonas de alta marginación, que, como dije en otras ocasiones, representaron laboratorios de conejillos de indias donde jueces, ministerios públicos y policías hicieron de las suyas con errores garrafales y, en este sentido, cabe el cuestionamiento ¿por qué irse a practicar con el miserable, con el pobre entre los pobres, con quien carece de recursos para su defensa técnica?

La respuesta es sencilla y está en la mente de usted, inteligente lector. En efecto: es la capital del estado una zona politizada con no menos de nueve universidades que imparten la carrera de derecho y por ende hubiese sido en la capital donde las pifias de las autoridades judiciales y ministeriales tendría una severa crítica, aspecto este que se trató de evitar a como diera lugar. En la página de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia en el estado se leen los nombres de un grupo que se denomina "Docentes certificados", se trata de abogados privilegiados por el estado hace dos años para obtener dicha certificación y llama la atención que algunos incluso ya no laboran para la Fiscalía General, porque fueron cesados o renunciaron tras obtener su certificación con vigencia a junio de 2016.

Más todavía: en dicha lista no aparecen jueces que ya se encuentran ejerciendo bajo el nuevo esquema de justicia penal. Los nutridos recursos que recibió el estado para actualizar y certificar a su personal en la administración e impartición de justicia evidentemente no tuvieron el noble fin, por ello cabe hacer mención básica de que los bienes jurídicos que tutela la norma penal, entre otros, son la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad y la salud, por ello si las autoridades no hicieron su trabajo a tiempo, seguro estoy de que están atentando desde ahora contra dicha tutela jurídica que se ve pisoteada incluso con la designación de un fiscal general cuyo nombramiento por el Ejecutivo y ratificación por el Congreso debió ser impugnada por la Procuraduría General de la República y/o Fiscalía General de la Nación por vía de una controversia constitucional, como sucedió en Veracruz y Quintana Roo. Al no acontecer así, sólo nos queda decir que en el pecado cargaremos la penitencia, pues en Puebla desde la fiscalía se controla a la Fiscalía Anticorrupción y además, al ser controlado el Poder Judicial desde dicha fiscalía como en realidad acontece, jueces, magistrados y ministerios públicos siguen siendo uno mismo, lo cual vulnera en el nuevo sistema los principios de contradicción, igualdad ante la ley e igualdad entre las partes. Será la sociedad, como siempre, quien pague alta factura a los desaciertos que hoy se cometen y si no, al tiempo amable lector.

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