Martes 19 de Julio de 2016 |
Pues quizás algunos no entendamos pero el Presidente Enrique Peña Nieto destacó que lo único que hará la Secretaria de Educación Pública, será revisar los procesos de evaluación para que puedan hacerse de mejor manera. Lo que a nuestro entender se traduce en ajustar los rubros de evaluación de la Reforma Educativa.
En 2013, el Gobierno Federal abanderó la Reforma Constitucional en materia educativa. Que en el fondo no era más que una reforma administrativa, que permitiría a las autoridades retomar el control de los procesos administrativos, que a finales de los noventas habían sido desconcentraros y recaían en la responsabilidad de los gobiernos estatales; Sin lugar a dudas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus dirigentes seccionales, habían aprovechado los vacíos de las autoridades federales para colocar plazas, comisionar a un alto número de dirigentes, y canalizar los recursos públicos, para la capacitación a los mejores fines de acuerdo a sus intereses.
La Reforma Constitucional facilitó elaborar un censo para saber quiénes si trabajaban, y controlar las nóminas. Permitió obligar a los docentes a acudir a los procesos de evaluación, y con ello se afectaron muchos intereses. A casi tres años de promulgada la Reforma, hoy los maestros han logrado sentar a las autoridades, revisar de nuevo las bases y procesos de evaluación, para con el pretexto de hacerla más ágil y eficiente, meter mano a los términos de la evaluación. No es esto alterar la Reforma?
Tómelo con Interés.- Sin lugar a dudas, la corrupción ha sido uno de los males más fuertes para los gobiernos latinoamericanos. Hace casi un año, fue derrocado el Presidente Otto Pérez Molina en Guatemala, acusado de actos de corrupción. Nadie habría imaginado -tras las historias que ha vivido Guatemala-, que el mandatario sería apresado y juzgado. Hoy desde una cárcel militar, Pérez Molina, destaca que su valor para enfrentar a la justicia, es hoy una lección para la región latinoamericana.
Sin la promulgación de un Sistema Anticorrupción, ni la necesidad de promulgar gran marco legal, Guatemala logró llevar a juicio a un ex Presidente. Mientras en nuestro país, los Gobernadores salientes, buscan refugio en blindajes legales, para no ser juzgados o procesados a su salida.
No habrá más y ahora la bandera del PRI – Gobierno, para tratar de recuperar imagen rumbo al 2018, será el combate a la corrupción. Enrique Ochoa Reza al asumir la Presidencia del Revolucionario Institucional, destacó que en los primeros 100 días de su liderazgo, habrá de recorrer todos los estados de la república, y será el primero en demandar a los Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, y Quintana Roo, absoluto apego a los estatutos del Partido; y actuar con ética para dejar de lado los blindajes legales, y rendir cuentas a la sociedad.
Buena lección sería el seguir el camino de Guatemala, en la región, al demostrar que los Gobernadores, al igual que los funcionarios federales, si hacen mal uso de los recursos y del poder, puedan ir a la cárcel, con lo que mucho se calmaría el clamor de la sociedad, que ha despertado y está dispuesta ha ejercer su papel de mando ante los gobernantes.
Tómelo con Precaución.- Muchos capitalinos acostumbran pasar el verano en el Puerto de Acapulco. Por muchas décadas se volvió el punto idóneo al ser la playa más cercana al Valle de México. Este fin de semana, y ante la ola de violencia y crimen que se vive en la entidad, en algo que considero una medida desesperada, el Gobernador Héctor Astudillo, quien hace apenas tres meses pidió en el Programa Primero Noticias, un año para que la seguridad se restableciera en Guerrero; y en particular en Acapulco, señaló que no pasa nada en el puerto, y que es seguro para las vacaciones ya que los muertos no son turistas, ni famosos.
Quizás Astudillo olvida que hace dos meses si mataron a un turista en la playa; también que algunos famosos han sufrido percances en las carreteras, a consecuencia de los bloqueos y tomas de casetas, por parte de integrantes de la CETEG. Lo lamentable, es que el gobernador diga que es seguro y no pasa nada, cuando muchas familias guerrerenses han perdido familiares como resultado de la violencia e inseguridad en el estado, y particularmente en Acapulco. No concebimos como la muerte de sus paisanos no represente una situación extrema de inseguridad, y por lo visto lo que desea el mandatario es que sucedan ataques y muertes de turistas y famosos, para tomar cartas en el asunto.
No entendemos como en diez meses logrará cumplir su compromiso ante los guerrerenses, de restablecer la seguridad en Acapulco, y de nueva cuenta, esperemos un nuevo programa de las autoridades federales, para lograr la coordinación de autoridades, y tratar de tomar control no sólo en Acapulco; sino en todo Guerrero.
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* Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.
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