Es el acontecimiento más importante en los últimos cincuenta años para Colombia. Terminar una guerra que ha causado más de 200 mil muertos y ocho millones de desplazados del campo a la ciudad ha sido motivo de alegría para miles de ciudadanos. Pero para otro número significativo, no.

Unos y otros se medirán en el plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos el 2 de octubre próximo. Lo último que hizo el mandatario fue ordenar el cese al fuego a partir del 29 de agosto.

Las últimas encuestas sobre el plebiscito dan una ligera ventaja al Sí, de más de 12 puntos, como la revelada por la emisora la W de Bogotá este 26 de agosto. Se trata de un medio con bastante sintonía en el país.

A medida que se acerque el 2 de octubre, los debates en torno al Sí y al No serán agridulces, tal vez más agrios, en los distintos escenarios y entornos, como en el Congreso de la República, las universidades, las parejas de amantes, los amigos y en las familias.

Ni que decir de las redes sociales, que de por sí se convirtieron en un campo de batalla, donde existen opiniones con argumentos, que son las menos, pasando por desinformadas y llegando hasta las más rastreras e infames, que son la mayoría.

En el país, los senadores y representantes el partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez han sido unos críticos acérrimos del proceso de negociaciones llevado a cabo en La Habana, Cuba. Consideran que el Gobierno de Santos, palabras más palabras menos, se ha arrodillado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En una declaración entregada el 26 de agosto, Uribe dijo que se acercaba a Colombia el castro-chavismo, dando a entender que el Socialismo del siglo XXI, doctrina en boga en el ámbito de la izquierda, va a ser una realidad, con sus efectos, según él, parecidos a los que hoy agobian a Venezuela y Cuba: desabastecimiento, filas para conseguir alimentos y pobreza generalizada.

En cambio, los líderes políticos de la coalición de Gobierno señalan que no se ha negociado un acuerdo de paz con amigos sino, precisamente, con los enemigos del Estado. Por ello, afirman, hay "tragar sapos", como amnistiar a los guerrilleros, excepto los que han cometido delitos de lesa humanidad, que es el sacrificio que se debe hacer para que Colombia tenga, por fin, paz.

Ante esto, los formadores de opinión y muchos ciudadanos coinciden en la urgencia de que el Gobierno despliegue sus esfuerzos para divulgar el Acuerdo, en un esfuerzo didáctico urgente para que la ciudadanía vote a conciencia. El documento firmado consta de doscientas páginas, su resumen está proceso e incluso algunos medios ya están colaborando para hacerlo accesible.

¿Y qué se acordó?

La negociación en La Habana duró cuatro años y se centró en cinco puntos: Reforma rural integral, Participación política, Fin del conflicto, Drogas ilícitas y Víctimas.

La mesa de negociación contó con representantes del Gobierno, encabezados por Humberto de La Calle, un respetado jurista, exvicepresidente de la República; y de las FARC, liderados por Iván Márquez, un miembro del Secretariado de la guerrilla, el órgano de dirección.

En el punto uno se acordó hacer una distribución de la tierra con mayor equidad e impulsar programas de inversión, con subsidios incluidos, y de titulación de tierras. Se creará un Fondo de Tierras para estos efectos.

Para las FARC este punto era de honor, porque surgieron del entorno rural. Se considera que buena parte del atraso de Colombia y del surgimiento de las guerrillas, los grupos paramilitares y del narcotráfico se debe al descuido del campo y de su sector agropecuario.

Intentos de reforma agraria en el siglo 20 fracasaron. Se recuerdan los procesos que lideraron los presidentes Alfonso López Pumarejo en los años cuarenta y el presidente Carlos Lleras Restrepo en los años sesenta, ambos fracasados por la férrea oposición del sector latifundista enfrentado, además, a la presión de los campesinos sin tierra.

Como se puede deducir, la implementación de este punto tendrá una ruta difícil porque vuelve tocar uno de los factores del poder político colombiano. De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el índice Gini, que mide el grado la concentración de la tierra se ubica en 0.80. Esta medición señala que entre más se acerque a uno (1), existe mayor concentración.

El segundo punto de participación política contempla ampliar el acceso de los grupos políticos de oposición a los cuerpos colegiados, como el Congreso Nacional, Asambleas departamentales y concejos municipales, lo cual tendrá que estar respaldado por un estatuto de la oposición.

También se crearán circunscripciones especiales de paz para poder elegir representantes a la Cámara de Representantes a 16 líderes de estos ámbitos. En el 2018, las FARC podrán aspirar a tener senadores por votación popular.

Sobre el fin del conflicto, el tercer punto, la guerrilla se comprometió a entregar sus armas, lo cual será verificado por la ONU. Por lo menos ocho mil guerrilleros tendrán que devolver los "fierros", como le dicen a los fusiles los dirigentes subversivos. Asimismo, se diseñó un cronograma de 180 días para esta entrega.

En el marco del tercer punto se constituirán 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización en distintos departamentos que, con una duración de 180 días, concentrarán a los combatientes, con vigilancia del Ejército Nacional y supervisión de la ONU.

El punto cuarto significará que las FARC se desmonten del negocio del narcotráfico y ayudarán a identificar rutas de salida de droga y harán una labor de pedagogía entre las comunidades que están sembrando coca, con el fin de que, con apoyo del Estado, se busquen alternativas productivas.

El último, punto el de la Jurisdicción Especial de Paz, se traduce en uno de los temas que más demandó tiempo de negociación. Además, la susceptibilidad es especial en este aspecto: se trata de la reparación a las víctimas del conflicto.

Esta Jurisdicción juzgará a guerrilleros, militares, policías y financiadores de grupos paramilitares. Para el efecto se designará un Tribunal Especial de Paz, con 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros. Tendrá tres salas de justicia, compuestas por 20 magistrados colombianos y seis extranjeros.

¿Habrá futuro?

El futuro de este acuerdo dependerá, pues, de los resultados del plebiscito. Por decisión de la Corte Constitucional, se necesitarán 4 millones 387 mil votos para que sea aprobado, que es el 13% del umbral del total del potencial de ciudadanos con capacidad para votar.

Las únicas dos preguntas son "Sí" o "No" y no aceptan votos en blanco. Si llegara a ganar el No, el país volvería a la guerra, tal como lo ha afirmado Santos. La corte señaló que la votación por el No se traduce en rechazar los acuerdos pero no significa estar en contra de la paz, lo cual es un derecho constitucional.

A muchos les parece descabellado que después de cuatro años de negociaciones se vayan a echar para atrás tantos esfuerzos, pero quienes legítimamente están en contra del acuerdo alegan que es su derecho democrático estar en contra.

Por lo pronto, surge la esperanza de que Colombia pueda eliminar uno de los factores más poderosos que ha significado más de cincuenta años de guerra, como son las FARC, con todas las secuelas descritas. Que además se puedan asimilar los acuerdos de La Habana, en un ejercicio difícil de perdón.

En caso contrario, nadie se atreve a decir todavía cuál sería el escenario, es decir, tal vez de nuevo el renacer de la guerra. Se recuerda la frase final de Cien años de soledad de García Márquez: "porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra".

*Periodista colombiano